El Gobierno apuró la marcha y decidió anticipar para el jueves 12 de febrero el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de la Ley Penal Juvenil, que incluye la polémica propuesta para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.
BUENOS AIRES (NA).- El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, ofició de vocero del acuerdo luego de participar del encuentro de jefes de bloque en el Salón de Honor, donde el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, les informó sobre la decisión de dictaminar el miércoles 11 y votar el proyecto al día siguiente.
En esa reunión también se acordó retomar las bases del dictamen emitido el 6 de mayo del año pasado, que ya perdió estado parlamentario, para no volver la negociación a foja cero.
El asesinato a sangre fría en Santa Fe de Jeremías Monzón a manos de menores de edad generó un sismo en la opinión pública y un estado de conmoción social que estimuló al Gobierno a apretar el acelerador en esta discusión.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien tiene bajo su responsabilidad el diseño de la estrategia y la recolección de votos en el Senado, era partidaria de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.
Ese criterio fue dejado de lado: en la discusión con los otros bloques el oficialismo no tenía los números suficientes para imponer la versión más dura del Régimen Penal Juvenil, y en caso de avanzar unilateralmente el proyecto podía desbarrancar, por lo que se prefirió cortar por lo sano y retrotraerse al estado de debate plasmado en el dictamen de mayoría alcanzado antes del recambio parlamentario.
“Con este proyecto los números están”, coincidieron las distintas fuentes del oficialismo y de la oposición dialoguista consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.
La única modificación respecto de aquel dictamen del año pasado tiene que ver con que se dejará librado el financiamiento a la reglamentación que establezca la Jefatura de Gabinete, sino que se dejará fijado que los fondos surjan de los convenios firmados por Nación con las provincias para su efectiva implementación del Régimen Penal Juvenil.