Durante el encuentro abordaron el estado de las causas judiciales abiertas a ambos lados de la cordillera sobre la organización desbaratada a fines de agosto pasado en allanamientos realizados en los dos países.
RIO GALLEGOS.- Magistrados, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio Público de Chile se reunieron el jueves en la ciudad de Punta Arenas, en el sur del vecino país, en el marco del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado para intervenir en los procesos abiertos a ambos lados de la frontera por conductas delictivas cometidas en una amplia zona de la Patagonia, que incluyen el accionar de una organización ilícita transnacional dedicada al contrabando, al lavado de activos y a la trata de personas y/o tráfico migratorio.
En el encuentro abordaron el estado de las investigaciones llevadas a cabo tanto en la Argentina como en Chile y también las acciones emprendidas a la fecha y las que restan por realizar. A su vez, fijaron pautas para el intercambio de la prueba obtenida y estrategias de investigación en ambas causas, que resulten de utilidad para su avance, al tiempo que acordaron líneas de acción a seguir, que incluyen la prórroga del ECI.
Por el Ministerio Publico Fiscal de la Nación, participaron el fiscal federal subrogante de Río Gallegos, Julio Zárate, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y la auxiliar fiscal de esta oficina especializada Mariela Palese.
En tanto, por el país anfitrión estuvieron presentes el fiscal regional Cristián Crisosto; el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson; el fiscal de Drogas y Crimen organizado, Manuel Soto y la directora ejecutiva regional, Camila Fernández.
El caso
De acuerdo con las investigaciones que se hicieron públicas a partir de los procedimientos desarrollados en ambos países a fines de agosto, la organización ilícita transnacional tendría como principal cometido el contrabando de cigarrillos -egreso hacia Chile-, cubiertas -ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero y estupefacientes, y el lavado de activos de los bienes y dinero que serían obtenidos de manera ilícita. El objeto fue ampliado a la investigación de trata de personas y/o tráfico migratorio.
La hipótesis criminal indica que el contrabando se realizaba principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados, ubicados en las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio. La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca como base. Por otro lado, el contrabando se verificó en la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile.
A su vez, la organización habría contado con el auxilio o connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad.
El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Los lugares utilizados se caracterizan por estar ubicados en comunas con pocos habitantes, mayormente zonas inhóspitas, de campo abierto amojonado por alambre o tranqueras sin candado, ubicadas a escasos kilómetros de la Ruta Nacional 9 de Chile.
En aquellas zonas se transaccionaban las mercaderías ilícitas, que eran abonadas en dólares y con cheques. Para poder llevar a cabo las operatorias ilícitas, la organización contaba con recursos propios, como empresas de transporte, rodados de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico. Al respecto, se detectó la emisión de facturas apócrifas por parte de la organización, a través de empresas de las cuales también se canalizarían los ingresos ilícitamente obtenidos.
Con las ganancias ilícitas de estas operaciones los miembros de la organización incrementaron su patrimonio a través de la compra de vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y negocios comerciales, como drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías, entre otros.