Se trata de una instancia optativa y rápida creada el año pasado para resolver conflictos entre pacientes y obras sociales y prepagas. Busca solucionar disputas por coberturas o medicamentos en aproximadamente 8 a 15 días, evitando juicios largos.
BUENOS AIRES.- El nivel de acuerdos de las mediaciones iniciadas creció, de un 39% en el primer mes y medio, a casi 70%. En el caso de las ya concluidas las resoluciones con impacto positivo superan el 80%.
El Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA) fue creado para abordar uno de los problemas más persistentes del sistema sanitario: la creciente judicialización de los reclamos vinculados al acceso a prestaciones. A pocos meses de su implementación, los resultados muestran una mejora sostenida en la capacidad de alcanzar acuerdos sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
En el primer mes y medio de funcionamiento, el 39% de los casos iniciados concluía con acuerdo. Hoy, a casi 6 meses de la implementación del programa, esa cifra asciende al 69,5%, lo que refleja una consolidación del procedimiento y una mayor eficacia en la instancia de mediación.
Desde su puesta en marcha se iniciaron 246 procedimientos, de los cuales 208 ya fueron cerrados. Del total finalizado, 171 concluyeron con acuerdo entre las partes, lo que equivale al 82,2% de los casos concluidos. Solo 37 cerraron sin acuerdo y 38 continúan en trámite.
Es importante destacar que, el plazo promedio de resolución es de 22,9 días, confirmando que PROMESA permite respuestas considerablemente más rápidas que los procesos judiciales tradicionales. Además, cuando interviene el Ministerio de Salud de la Nación, el nivel de acuerdos alcanza el 80%, lo que evidencia el impacto positivo de la articulación institucional en la búsqueda de soluciones consensuadas.
Según indicaron desde el Gobierno, PROMESA se afianza así como una herramienta eficaz, voluntaria y menos costosa para resolver conflictos sanitarios, reduciendo la litigiosidad y promoviendo soluciones directas entre las partes. De este modo, el sistema prioriza acuerdos antes que imposiciones, optimiza recursos y garantiza respuestas más rápidas a los beneficiarios, fortaleciendo un modelo basado en la responsabilidad, la transparencia y la libertad de elección.