La promesa de un respaldo financiero del gobierno de Donald Trump al de Javier Milei reactivó todas las alarmas en Tierra del Fuego: en el extremo sur de la Argentina crecen las sospechas sobre negociaciones bajo cuerda para habilitar la presencia militar permanente de los Estados Unidos en la isla, convertida en una pieza clave de la batalla geopolítica global.
El gobernador Gustavo Melella y los senadores de la oposición Cristina López (Unión por la Patria) y Pablo Blanco (UCR) alertaron sobre posibles concesiones a Washington y pusieron el foco en la base naval integrada que se construye en Ushuaia y que obsesiona al Pentágono. Ya hay pedidos para interrogar en el Congreso al ministro de Defensa, Luis Petri, y al canciller Gerardo Werthein.
Petri y el vocero presidencial, Manuel Adorni, negaron en las últimas horas que el proyecto en Ushuaia incluya como socio a los Estados Unidos y que se esté negociando cualquier tipo de presencia militar permanente de Washington. Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en marzo de este año, en su informe ante el Senado. Pero hay razones de sobra para sospechar: el anuncio de Milei sobre el trabajo bilateral en la base, en abril del año pasado; las dos sugestivas visitas al lugar, en abril de 2024 y abril de 2025, de los más altos jefes militares de Estados Unidos para la región; un práctica militar conjunta no autorizada por el Congreso, en agosto de este año, y el avance de un trámite en el Ministerio de Defensa para rehabilitar el funcionamiento del radar de la empresa estadounidense/británica LeoLabs, en la ciudad fueguina de Tolhuin, suspendido en junio de 2023. Es cuestión de unir los puntos.
El Gobierno no atina a explicar por qué en sus últimas dos visitas al país los jefes del Comando Sur, la generala Laura Richardson, y su sucesor, el almirante Alvin Holsey, viajaron a Tierra del Fuego para monitorear el avance de la base naval integrada que se construye en la capital provincial. La sospecha mayor, indespejable, radica en el discurso que dio Milei en cadena nacional el 4 de abril de 2024, en Ushuaia. Ese día viajó 6.000 kilómetros entre ida y vuelta para acompañar durante dos horas a Richardson en su visita a la base naval, después de que Melella se negara a recibirla. Escoltado por Richardson, el Presidente admitió el trabajo conjunto en la base. “Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, dijo. En la base naval, flameaba, junto con la de la Argentina, la bandera de los Estados Unidos.
Pese al revuelo que generó ese anuncio, el sucesor de la generala repitió el mismo itinerario el 30 de abril de este año. Después de reunirse con Milei en la Casa Rosada, Holsey partió hacia Ushuaia, donde visitó la base naval integrada y mantuvo reuniones con jefes de la Armada argentina. En la embajada estadounidense informaron que lo hizo para “interiorizarse sobre sus misiones y el papel clave que desempeñan en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio global”. Fuentes de la Armada argentina dijeron entonces que el mayor interés de Washington era asegurarse de que China no estuviera involucrada en la iniciativa. La inquietud respondía a un proyecto del gobierno de la provincia, que después quedó trunco, para que capitales chinos financiaran la ampliación de un puerto civil en la ciudad.
Por si faltara algo para despertar sospechas, la División Sur del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos publicó en sus redes sociales el 24 de agosto imágenes de un entrenamiento conjunto con marinos argentinos “durante un ejercicio militar en clima frío” desarrollado el 12 de agosto en Ushuaia. El ingreso de las tropas estadounidenses no fue informado al Congreso, que debe autorizar cualquier ejercicio militar con militares extranjeros. El Ministerio de Defensa solo informó de la actividad el 1 de septiembre, con un posteo en la red X. Lo presentó como un “intercambio de expertos” destinado a “perfeccionar capacidades y compartir métodos de operación en el exigente terreno austral”. Los “intercambios de expertos” no requieren de autorización del Congreso, advierten los especialistas en Defensa.
La senadora López (UP) fue la primera en advertir sobre este “ejercicio militar”, tal como lo llamó el Cuerpo de Marines. En un pedido de informes que presentó en el Senado, López solicitó que el Poder Ejecutivo informe si los militares estadounidenses habían tenido acceso a la base naval de Ushuaia y si se les había brindado información vinculada a la logística antártica. Esta semana, ante el avance de las negociaciones con la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, pidió citar a Petri. En simultáneo, el senador Blanco (UCR) solicitó la presencia del canciller Werthein. El gobernador Melella también advirtió que “el endeudamiento externo no puede ser moneda de cambio para proyectos personales ni para alimentar relaciones geopolíticas opacas”.
La línea de puntos se completa con la posición del Gobierno Nacional ante el conflicto por el radar de monitoreo espacial de la empresa estadounidense/británica LeoLabs. La estación está situada en Tolhuin, a 111 kilómetros de la capital provincial. Fue habilitada en noviembre de 2022, con la autorización del gobierno de Alberto Fernández, por impulso del entonces jefe de gabinete, Juan Manzur. Pero la actividad del radar fue impugnada en junio de 2023 por el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana. El funcionario advirtió en agosto de ese año que el radar vulneraba la “seguridad nacional” y pidió la “cancelación y suspensión definitiva” de su funcionamiento. En su último informe ante el Congreso, Francos reveló que se había reunido con directivos de LeoLabs y cuestionó el informe presentado en 2023 por Taiana, al que atribuyó “graves deficiencias técnicas”. Detalló además que el Ministerio de Defensa estaba desarrollando una nueva auditoría “con base técnica” que está pronta a resolverse.
Por Gabriel Sued / El Destape