La política exterior argentina sobre el Atlántico Sur entró en una crisis sin precedentes. Tras las declaraciones del presidente Javier Milei al diario británico The Telegraph, en las que condicionó la restitución de las Islas Malvinas al “deseo” de los habitantes del archipiélago, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentó una denuncia penal que podría derivar en un pedido de juicio político u otras acciones judiciales.
El eje del conflicto radica en la diferencia entre “intereses” y “deseos”. Mientras la Constitución Nacional y la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas establecen que Argentina debe respetar los intereses y derechos de los isleños tras la restitución, las declaraciones de Milei introducen la figura de la “autodeterminación”, supeditando la soberanía argentina a la voluntad de los habitantes del archipiélago.
El CECIM denunció que, con estas declaraciones, el Presidente acepta tácitamente la tesis británica, debilitando el argumento histórico argentino y poniendo en riesgo el control de los 1.620.000 km² de mar, pesca y recursos petroleros.
El CECIM, representado por Rodolfo Carrizo y Ernesto Alonso, formalizó la denuncia por violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal), señalando:
Incumplimiento Constitucional: La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional establece que la recuperación de las Islas Malvinas es un “objetivo permanente e irrenunciable”.
Abandono de la soberanía: El silencio oficial ante intimaciones legales recientes refuerza la denuncia de “política de entrega” que favorecería intereses británicos en detrimento de la nación.
Especialistas en Derecho Internacional advierten sobre el riesgo de la doctrina del Estoppel, que establece que las declaraciones públicas de un jefe de Estado son vinculantes para su país. Si no se corrige la situación, el Reino Unido podría argumentar ante la comunidad internacional que Argentina consintió un cambio histórico de postura, consolidando su control sobre el Atlántico Sur.
Frente a este escenario, el Congreso y la Justicia deberán actuar para evitar que se consuma un daño irreversible en la política de Estado sobre Malvinas. Las vías posibles incluyen:
Judicial: Avance de la denuncia penal por dolo en el incumplimiento de funciones.
Parlamentaria: Inicio de un proceso de juicio político por mal desempeño, en base a la violación de la Constitución.
De no revertirse la situación, advierten expertos y excombatientes, Argentina podría ver vulnerada por primera vez en 193 años su postura soberana sobre las Malvinas, con consecuencias políticas, económicas y estratégicas de enorme alcance.