Legisladores radicales presentaron un proyecto para dar por concluido el plazo para la interposición de reclamos que tienen por objeto regularizar las ocupaciones de tierras fiscales de larga data. Los representantes entienden que los 24 años otorgados desde la sanción de la Ley 313 son suficientes.
USHUAIA.- Mediante un proyecto de ley ingresado en septiembre los legisladores Liliana Martínez Allende y Federico Sciurano, de la Unión Cívica Radical, proponen dar por finalizado el plazo para que los privados que ocupan tierras fiscales regularicen su situación ante el Estado, de acuerdo a lo establecido por la Ley 313.
Dicha norma, que fuera sancionada en 1996, establece el sistema de adjudicación de tierras fiscales y contempla la regularización de antiguas ocupaciones, como uno de los procedimientos para acceder a ellas. No obstante, la ley no contiene un plazo para acogerse a este beneficio, situación que, a criterio de los legisladores, debe corregirse.
“La provincia asiste periódicamente a cuestiones traumáticas con relación a antiguas ocupaciones de tierras fiscales que, con mayor o menor derecho, impulsaron acciones administrativas y a veces judiciales”, señalan los legisladores en los fundamentos de su propuesta.
“En la mayoría de los casos reclamaciones mediante la aplicación de la Ley 313 tuvieron inicio a pocos años de su promulgación en 1996, posteriormente se interpusieron otras con diversos lapsos entre ellas. Han transcurrido ya 24 años de su sanción y aparece como prudente y necesario dar por finalizado el plazo para acogerse a sus beneficios, puesto que la norma no lo contiene y también para concluir los reclamos mediante acciones puntuales dentro de las normativas que en general imponen además de esta las leyes provinciales 133 y 141, en tanto estén dentro de los plazos conforme a sus prescripciones para impulsar los procesos”.
Por otra parte, con esta medida “se pretende poner coto a gestiones administrativas o judiciales de larguísima duración que lo único que conllevan son enormes dispendios de actividad y nula eficacia a los fines pretendidos por el marco normativo que, por otra parte, tiene como fin último poner en tiempo razonable y definitivamente en caja la cuestión de las tierras fiscales y consagrar los derechos tanto públicos como privados en forma definitiva”.
Concretamente, el proyecto que tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria propone modificar las Leyes 313, 341 y 1184 “dando por concluido el plazo para la interposición de reclamos de regularización de antiguas ocupaciones previsto por el artículo 7 inciso c de la Ley 313 para todas aquellas reclamaciones interpuestas entre el 1 de enero de 1997 hasta el 30 de setiembre de 2017 que hubieren resultado denegadas sin que el interesado haya hecho uso del derecho de apelación en legal tiempo y forma”.
Lo mismo para todas aquellas reclamaciones que hubieren sido abandonadas en forma ficta o por voluntad expresa del interesado registrada en el expediente administrativo o causa judicial si la hubiere y se encuentre firme y consentida en forma ficta o expresa.
De igual manera, la modificación afectaría a todas aquellas reclamaciones que hubieren sido alcanzadas por las previsiones de las Leyes 133 y 141 en cuanto a las acciones que están obligados los interesados para impulsar en forma efectiva y concreta el expediente administrativo y hubiese devenido la caducidad”.
Por otro lado, “quedan reservados los derechos de aquellos reclamos de regularización de antiguas ocupaciones que al 30 de junio de 2020 se hallen en trámite administrativo o judicial en situación regular. En tanto, las acciones administrativas que se encuentren vigentes, serán impulsadas por el particular o de oficio por la autoridad de aplicación y deberán ser concluidas en el término de dos años a partir de la promulgación de la ley”.
“En estos momentos en que se encuentran en tratamiento en la Legislatura proyectos de importancia, como por ejemplo, el futuro estatus de la Península Mitre, es importante acotar los plazos para procesos que prácticamente han sido abandonados por los interesados o áreas sobre las que no se han registrado reclamos, generando una reserva para aquellos que aún se encuentren en vías normales de gestión”, destacaron los legisladores en su proyecto.