En comunicación con Radio Provincia, el Dr. Jorge Pintos se refirió a la causa por tenencia de pornografía infantil que involucra al juez Andrés Leonelli y celebró la recusación del camarista Alejandro Fernández, denunciando que el fiscal no consideró otros delitos como violación de deberes de funcionario público y violación de secreto. Pintos también señaló que no se notificó a las víctimas, como exige la ley 27.372 y denunció la existencia de un fideicomiso inmobiliario entre magistrados que podría configurar un delito federal por lavado de activos, violando la ley 110 del Poder Judicial.
En primer lugar, el Dr. Jorge Pintos destacó «me pareció muy buena la reacción del fiscal Ballester-Bidó al pedir la recusación del juez Fernández y la nulidad del fallo, pero se queda corto. No se dijo nada sobre el artículo 248 ni el 153 del Código Penal, que involucran la violación de deberes y de secreto por parte del juez Leonelli al guardar material en su nube privada”.
En ese marco, el letrado remarcó «la ley 27.372 exige que el Poder Judicial notifique a las personas que aparecen en las imágenes para garantizarles sus derechos. Sin embargo, nadie mencionó a las víctimas hasta ahora, ni se informó si fueron notificadas. Son cerca de 50 personas que tienen derecho a participar en la causa y recibir protección integral”.
Además, afirmó «la sentencia de Cámara es nula porque el juez Fernández, siendo parte de un fideicomiso junto a Leonelli, debió haberse excusado. Si no hubiera votado, no habría sentencia válida».
Denunciando que el el juez Fernández «intervino para proteger a su socio, lo que constituye una actuación bochornosa y merece una investigación más profunda”, sentenció.
A su vez, Pintos sostuvo «este fideicomiso Glaciares, con jueces como socios, viola la ley 110 que prohíbe a los magistrados ejercer el comercio. Hablamos de un emprendimiento millonario en pleno centro de Ushuaia, hay que investigar de dónde salieron los fondos, y si no son lícitos, estamos ante un posible caso de lavado de activos”, aseveró.
Por último el Dr. Pintos advirtió «se ha hecho mucho hincapié en los derechos de las víctimas, pero en este caso puntual no se cumplió. Leonelli seguía ejerciendo como juez hasta el inicio de la feria. La justicia debe investigar hasta las últimas consecuencias, más aún cuando hay funcionarios judiciales involucrados”, concluyó.