Lechman presentará recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema

El Legislador de Somos Fueguinos se siente confiado en que la Corte Suprema le dará la razón, puesto que entiende que, en el caso de Tierra del Fuego, la inconstitucionalidad del proceso de reforma es aún más evidente.

USHUAIA.- El legislador Jorge Lechman anunció la presentación de un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea revisada la sentencia del Superior Tribunal que habilitó el llamado a elecciones de convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución Provincial.

El Legislador adelantó que existe un caso testigo resuelto por la Corte en 2019, denominado «Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja y otro c/La Rioja, Provincia de s/amparo», en el que el alto cuerpo otorgó tratamiento y sentencia favorable a la acción de amparo planteada por el Partido Radical al considerar inconstitucional el proceso de reforma constitucional llevado a cabo en esa provincia por no ajustarse a los requisitos de la Carta Magna riojana. Por lo tanto, la Corte invalidó todo el proceso de reforma realizado.

Lechman se siente confiado en que la Corte Suprema le dará la razón, puesto que entiende que, en el caso de Tierra del Fuego, la inconstitucionalidad del proceso de reforma es aún más evidente.

Señala que el artículo 194 de la Constitución provincial es claro al determinar que la ley de reforma debe establecer el plazo en el que se debe realizar la elección; ese plazo, según la Ley 1529, es de 210 días, límite para realizar la elección y no para convocarla, como lo interpretó el Ejecutivo.

Otro punto que el legislador considera inválido en la sentencia de la Justicia local es el hecho de que el Superior Tribunal se arrogara la facultad legislativa de otorgar un plazo de 210 días hábiles para que el Gobernador dicte un nuevo decreto. Ello es contrario al sistema republicano de gobierno y, específicamente, al principio de división de poderes que determina que ningún poder del Estado puede inmiscuirse en funciones propias de otro.

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