El juez Federal Federico Calvete declaró su incompetencia para intervenir en la demanda que promovió el Gobierno de la provincia a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la intervención del puerto de Ushuaia ordenando que, una vez firme ese pronunciamiento, el caso sea remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
USHUAIA.- La demanda persigue la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), dictada el 20 de enero de 2026, la que dispone la intervención del puerto de Ushuaia, al entender que la misma es “violatoria del régimen federal, de la autonomía provincial”.
En su resolución, el juez Calvete decidió no expedirse sobre la medida cautelar (que buscaba suspender los efectos de la intervención de inmediato) argumentando que, al ser incompetente, la Ley 26.854 le prohíbe dictar cautelares contra el Estado “salvo que estén en juego derechos de sectores vulnerables o la vida digna, excepciones que no se configuran en este conflicto administrativo”.
En su escrito, el juez Calvete señala que “lo que se está cuestionando es la validez constitucional de un acto administrativo, dictado por un ente descentralizado del Estado Nacional, al entenderlo violatorio de diversos artículos de la Constitución Nacional y principios constitucionales”, por lo que “teniendo en cuenta la naturaleza u objeto del thema decidendum, la envergadura y relevancia institucional del mismo y la normativa constitucional específica citada corresponde al máximo tribunal de la Nación entender y decidir al respecto”.
En su resolución, el Juez advierte que “en las presentes actuaciones, al ser la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la que inicia la acción como parte actora de la contienda contra una entidad descentralizada del Estado Nacional, existe competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al ser parte una provincia en una causa de manifiesto carácter federal. Ello, atento los motivos ya mencionados en los párrafos precedentes”.
Posición del Gobierno
Tras conocida la sentencia del juez Federico Calvete, desde el Gobierno emitieron un comunicado expresando los siguientes puntos:
-Es importante destacar que la resolución no aborda ni se pronuncia sobre el fondo del planteo de inconstitucionalidad, ni tampoco sobre la medida cautelar solicitada, ello en virtud de las disposiciones de la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional (Ley 26.854), que impiden que un juez declarado incompetente analice la procedencia de este tipo de medidas, lo que no sucede en otro tipo de casos. En la práctica, este encuadre produce un efecto restrictivo sobre el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva, en tanto difirió el análisis de una medida urgente destinada a evitar la consolidación de una situación de gravedad institucional, económica y operativa en el puerto de Ushuaia. No se efectuó análisis alguno sobre los requisitos generales de admisibilidad de las medidas cautelares, los cuales -desde la posición de la Provincia- se encontraban debidamente acreditados, especialmente en atención a la urgencia de la situación, el riesgo cierto de daño irreparable y la afectación directa de competencias, recursos e infraestructuras estratégicas provinciales como resultado del accionar de la autoridad nacional.
-El Gobierno provincial se encuentra analizando los próximos pasos legales a seguir, reafirmando su compromiso indeclinable con la defensa del federalismo, la autonomía provincial y el control pleno de sus recursos estratégicos, y continuará utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para impedir cualquier avance indebido del Estado Nacional sobre competencias no delegadas, infraestructuras provinciales y rentas que pertenecen legítimamente al pueblo fueguino.