Lo hizo la Fiscalía de Estado al advertir que no existen acciones para hacer frente a las “desobligaciones” que son resueltas por el SUTEF. En un dictamen dispone una serie de medidas que se deben adoptar, entre ellas, el descuento salarial.
USHUAIA.- El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, exhortó al ministro de Educación, Pablo Silva, a arbitrar de inmediato las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de los alumnos de todos los niveles obligatorios del sistema educativo.
La exhortación surge en la Resolución 70/25, de fecha 22 de septiembre de la Fiscalía de Estado, al resolver en el expediente 50/25, caratulado: S/medidas adoptadas por el Ministerio de Educación por desobligación docente», iniciado con motivo de la presentación efectuada por los progenitores de alumnos de establecimientos públicos de la Provincia, quienes denuncian supuestas irregularidades en el marco de medidas de fuerza adoptadas por personal docente.
Al hacer un análisis de los descargos que se hicieron desde el Ministerio de Educación, el Fiscal de Estado, indicó que “las explicaciones brindadas no alcanzan para asumir que la cartera educativa haya emprendido, como corresponde, a esta altura de los acontecimientos, las acciones pertinentes con el objeto de garantizar el derecho de los estudiantes, revelando debilidades en la planificación y ejecución de estos dispositivos de reposición pedagógica”.
En su dictamen, el Fiscal de Estado exhortó al ministro Silva a adoptar las siguientes medidas:
-Deberá implementar políticas públicas, bien sea elaborando nuevos programas educativos o adaptando los existentes, con el objetivo expreso de paliar específicamente la problemática suscitada a partir de la pérdida de días de clase, sea esto producto de acciones colectivas de los sindicatos o por cualquier otra circunstancia.
-Deberá ordenar lo conducente para que los responsables dentro de los establecimientos educativos y en las dependencias de la cartera educativa cumplan correctamente con la carga de novedades vinculadas con las conductas docentes que puedan importar cese de prestación de tareas, con o sin abandono del puesto de trabajo, -«desobligaciones» o cualquier otra modalidad o denominación que adopte- y, de ese modo, pueda procederse, por los mecanismos pertinentes, al oportuno descuento de haberes a los agentes involucrados.
-Deberán habilitarse los medios adecuados para que la población escolar afectada pueda reportar nivel, ciclo, grado, año, establecimiento y docente que no cumplen con la formación educativa, por los motivos que fuere, incluyendo la adhesión a medidas de fuerza.
El Fiscal de Estado, en su exhortación, advierte que se le hace saber al Ministro de Educación que la reiteración del incumplimiento a lo indicado en este dictamen “podrá dar lugar a las responsabilidades pertinentes producto de las acciones que los afectados puedan deducir en los órdenes administrativo, civil v penal”.
Algunas consideraciones
En su dictamen, el Fiscal de Estado realiza algunas consideraciones sobre lo prolongado del conflicto docente, declarado por el SUTEF, y la falta de garantía del derecho a la educación de quienes son directos afectados por esas medidas gremiales.
En tal sentido, señala:
-“Debe advertirse que la prolongada suspensión de clases produce un efecto nocivo que trasciende a la comunidad educativa y afecta directamente el tejido social, pues obstaculiza la función integradora de la escuela como espacio de socialización, inclusión y formación ciudadana”.
-“No caben dudas de que la afectación de los alumnos producto de la privación de este derecho en forma reiterada y prolongada viola en forma flagrante los convenios y los tratados internacionales de protección de la niñez, que garantizan como derecho la educación obligatoria primaria y secundaria y la educación terciaria y universitaria”.
-“Tanto la inercia como el accionar defectuoso o insuficiente de los órganos de gobierno frente a conflictos gremiales prolongados que afectan los servicios públicos, encierran una conducta incompatible con su obligación de garante principal de derechos fundamentales”.
-“Como ha expresado el propio gremio, el uso de la violencia, la falta de respeto y la propagación del odio desplazan los límites de lo que es aceptable en el discurso público y resultan profundamente dañinos para el tejido social. Bajo la misma premisa, así como desde el sindicato se solicita que no se utilicen discursos deslegitimantes respecto de sus medidas y la labor docente, tampoco la actividad sindical puede prescindir del impacto social que ocasionan las medidas de fuerza en el resto de la comunidad. Esto también puede socavar el vinculo con la comunidad de la que forma parte, hasta volverla indiferente a sus reclamos”.
-“Encuentro necesario llamar a reflexión sobre las consecuencias que tales medidas producen en el plano social, en particular en lo que respecta al derecho de los alumnos a recibir educación en condiciones de continuidad y regularidad, derecho cuya vigencia plena constituye una obligación indelegable del Estado y un interés público de la mayor relevancia”.