El Gobierno dispuso la disolución del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP y el Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras (PPP RARS), mediante el Decreto 415/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
BUENOS AIRES (NA).- La disolución responde a una serie de inconsistencias plasmadas en los informes de auditoría realizados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el marco del análisis general de la gestión de los fondos fiduciarios, instrumentado por la administración de Javier Milei desde marzo del 2024. Con los nuevos cierres, ya van 26 fondos liquidados.
Acerca del Fondo Fiduciario Gas Licuado de Petróleo, la SIGEN registró “la carencia de indicadores de gestión, de documentación sobre las transferencias de fondos y de estados contables auditados, entre otros aspectos relevantes para la transparencia y eficiencia de gestión”.
Este instrumento había sido creado para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural a zonas no cubiertas. Así financiaba el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR).
Con la disolución dispuesta, el Gobierno definió “continuar los objetivos perseguidos a través de los programas que a tal fin implementa la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, a fin de una mejor administración y aplicación de los recursos”.
De esta manera, en el texto oficial quedó estipulado que el programa HOGAR permanecerá vigente, siendo atendidos los gastos ocasionados por este por el Ministerio de Economía, quien deberá determinar la forma a través de la cual efectiviza la transferencia de recursos a la ANSES “para el otorgamiento del subsidio o compensación a los titulares de hogares de bajos recursos y productores de gas licuado de petróleo”.
En el caso del instrumento destinado al desarrollo de infraestructura vial, el organismo observó la inexistencia de información vinculada con los beneficiarios/tenedores de los TPI (Títulos de Pago por Inversión), “necesaria para cumplir con la normativa vigente sobre prevención del lavado de activos”.
A raíz del cierre, el decreto estableció que Economía deberá celebrar un contrato con el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE S.A.) “con el fin de continuar con los pagos de las obligaciones que tengan por causa las cuotas devengadas por los Títulos de Pago por Inversión (TPI)”.
Además, determinó que “en el citado contrato deberá asignarse la suma de dinero necesaria para cumplimentar la totalidad de las obligaciones a devengarse en concepto de TPI” y se facultó a la cartera a “ofrecer el rescate anticipado de la totalidad de los TPI en circulación”.