Referentes de la Campaña contra la Violencia Ginecobstétrica exigen la aplicación efectiva de las leyes de Parto Humanizado y Derechos del Paciente en Tierra del Fuego. Las activistas advierten que una tasa provincial de cesáreas del 54% -muy superior a la recomendación de la OMS- demuestra que el sistema prioriza la rentabilidad por sobre la dignidad de los nacimientos.
RIO GRANDE.- Gabriela Morales y Ariana Valdivia promueven la aplicación de las leyes de Parto Humanizado y Derechos del Paciente. Su objetivo es transformar prácticas arraigadas en el sistema de salud y garantizar que cada nacimiento sea una experiencia digna y libre de violencia. Ambas son doulas y participan de la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica.
Además, son integrantes de la organización “Por un Parto Humanizado Tierra del Fuego”, un espacio que milita por los derechos humanos de las personas gestantes y sus bebés. También forman parte de la Mesa Interinstitucional de Parto Respetado y Derechos Humanos, que funciona desde 2023 en la provincia.
Desde allí, impulsan proyectos, acompañan denuncias y, sobre todo, buscan cambiar un sistema de salud que, según sostienen, muchas veces prioriza lo económico y la comodidad de los profesionales.
Cuando el sistema de salud elige por encima de los cuerpos
Según el informe “Gestar, Parir y Nacer en Tierra del Fuego”, presentado en agosto en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) “entre 2013 y 2024 el 54% de los partos registrados en la provincia se realizaron mediante cesárea, cifra que supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que la tasa de cesáreas debería mantenerse entre el 10% y el 15% del total de nacimientos”, informan Gabriela y Ariana.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las cesáreas innecesarias conllevan un aumento del riesgo de infecciones, hemorragias y complicaciones posoperatorias. Para el bebé, pueden provocar problemas respiratorios y dificultades en la lactancia.
Para las entrevistadas, este fenómeno tiene raíces complejas, pero una parte importante está relacionada con los tiempos institucionales y los intereses económicos, sobre todo en el sector privado. “Las cesáreas son más rentables para los profesionales y para las clínicas. Permiten calcular honorarios y ajustar la rotación de camas e internaciones. En cambio, el parto vaginal implica mayor imprevisibilidad, más personal en guardia, y más horas de acompañamiento” señalan.
Por su parte, la Ley Nacional de Parto Humanizado establece que cada persona tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas posibles, a decidir libremente entre las alternativas disponibles y a evitar prácticas invasivas o medicaciones no justificadas.
Desconocer los derechos: una forma de vulneración
Gabriela y Ariana sostienen que muchas mujeres desconocen sus derechos al momento de parir. “Vivencian situaciones que parecen lo esperable, pero después, cuando tienen acceso a más información, se dan cuenta de que fueron apuradas, ignoradas o violentadas por el sistema de salud. La violencia ginecobstétrica es la forma de violencia de género más naturalizada en nuestra sociedad, dejando muchas veces secuelas negativas en la historia de vida de esa mujer y de ese bebé”, afirman.
Cabe destacar, que la Ley de Derechos del Paciente amplía este marco al conjunto de las personas usuarias del sistema de salud, asegurando el derecho a la información sanitaria clara y completa, al consentimiento informado y a la autonomía en las decisiones médicas.
Una red que impulsa cambios
Desde 2023, la organización “Por un Parto Humanizado Tierra del Fuego” integra la Mesa Interinstitucional de Parto Respetado y Derechos Humanos, junto a distintas áreas estatales y agrupaciones feministas.
“Desde ahí logramos acompañar denuncias de violencia obstétrica, obtener una resolución para el acompañamiento de partos en domicilio, realizar el primer conversatorio de Violencia Obstétrica en 2023, el primer registro provincial de casos, capacitaciones a profesionales del Hospital Regional Ushuaia (HRU)”, comentan. También trabajan actualmente en un proyecto de duelo perinatal.
Pese a estos avances, el diálogo con las instituciones privadas sigue siendo un desafío. “En las instituciones públicas hay más apertura, pero en las privadas todavía no logramos acceso. Falta permeabilidad y voluntad de cambio”, reconocen.
“Las mujeres sabemos parir y los bebés saben nacer”
Ambas coinciden en que transformar las prácticas obstétricas implica un cambio de paradigma en el acompañamiento, la gestación, el parto, el puerperio y la lactancia.
“Hace falta vocación, capacitación para los profesionales de la salud, que las instituciones cuenten con equipamiento y espacio adecuado para brindar lo que por ley tenemos por derechos”, destacaron.
“Porque las mujeres sabemos parir y los bebés saben nacer: eso hace falta recordarle al sistema que busca cada vez más el intervencionismo por encima de la fisiología. Parir con derechos es dar el 100% del protagonismo a esa mujer y a ese bebé que va a nacer. Porque los médicos no hacen los partos. El parto es nuestro”.
En Tierra del Fuego, organizaciones como “Por un Parto Humanizado TDF”, trabajan para que estos derechos no sean solo letra escrita, sino una experiencia real en cada nacimiento.