Los integrantes del Consejo de la Magistratura decidieron no avanzar en las actuaciones iniciadas al camarista luego que la jueza Cristina Barrionuevo resolviera rechazar el requerimiento fiscal en su contra.
USHUAIA.- El pasado jueves el Consejo de la Magistratura resolvió archivar las actuaciones iniciadas al juez Andrés Leonelli, integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, tras recibir el oficio del Juzgado de Instrucción 2, fechado el 12 de septiembre, donde se da cuenta del rechazo del requerimiento de instrucción fiscal contra el mencionado magistrado.
Por unanimidad, los consejeros: jueza Edit Miriam Cristiano, el jefe de Gabinete, Agustín Tita; los legisladores Victoria Vuoto y Federico Greve; los abogados Verónica Ruth Muchnik y Santiago Martín D’Angelo; y el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre; resolvieron el archivo del caso.
Cabe indicar que la jueza María Cristina Barrionuevo rechazó el requerimiento de instrucción fiscal, lo que implica que no verificó la existencia de ningún delito para investigar. La postura fue avalada por la propia fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Asistencia a Víctimas, María Guadalupe Mártire; por lo que la medida quedó firme.
Para fundamentar su decisión la jueza se basó en una pericia informática realizada el 5 de septiembre, en la que se confirmó que el 15 de abril Leonelli subió a Internet de manera conjunta miles de archivos laborales, entre ellos las imágenes de pornografía infantil.
Las imágenes fueron subidas a su cuenta de Google Drive cuando el magistrado realizó una copia completa de un disco rígido, lo que motivó una alerta internacional del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (MissingKids.org o NCMEC por su sigla en inglés) una organización privada sin fines de lucro en EEUU cuya misión es encontrar niños perdidos pero también reducir la explotación sexual infantil y prevenir la victimización.
Las pruebas
En la resolución de la jueza Barrionuevo se tuvo en cuenta que en la investigación de la causa se verificó que las fotos, con contenido de pornografía infantil, eran las mismas que el juez había descomprimido en su máquina en oportunidad de tramitar la causa 26742 del año 2016 en Río Grande.
Los investigadores evaluaron para ello 134.986 archivos de imágenes y 943 videos, de los que detectaron 62 de abuso sexual infantil.
La Jueza señaló que Leonelli “realizó un backup en bloque de sus archivos de trabajo en el servicio de almacenamiento remoto de Google Drive, ocasión en la que se resguardaron también las fotos que dieron origen a la presente denuncia”.
Además, sostuvo que “el material habría sido oportunamente guardado en la computadora laboral del Dr. Leonelli en el marco de las tareas funcionales que desempeñaba como titular del Juzgado de Instrucción 2, en Río Grande, y que ello, ocurrió, probablemente, en ese momento, sin plena consciencia de que se estaban guardando”.
En otra parte de su decisión, la Jueza tuvo en cuenta que los peritos informáticos precisaron que las imágenes de pornografía infantil “no circularon entre otros usuarios y no se expusieron públicamente”.
Otro escándalo
El Consejo de la Magistratura resolvió avanzar en el pedido de enjuiciamiento contra el juez Andrés Leonelli y el juez Alejandro Fernández; solicitando a una Escribanía copia certificada de un contrato de fideicomiso, en el cual son socios los dos jueces mencionados.
En el expediente 130/25, caratulado “Pintos, Jorge Alberto s/presentación”; se decidió “por Secretaría se requiera a la Escribanía interviniente copia certificada de la escritura 1292 de fecha 15 de diciembre de 2022, con sus anexos”.
El abogado denunciante expuso que el vínculo comercial entre el juez Leonelli y Fernández “es incompatible con la función judicial y demuestra un conflicto de intereses intolerable. Ambos deben ser apartados y juzgados”.
Cabe indicar que, para el doctor Pintos, existe el delito que cometió el integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones y criticó duramente la decisión de la jueza María Cristina Barrionuevo, de archivar las actuaciones.
“El solo hecho de sacar material reservado de la justicia y guardarlo en su nube personal es una irregularidad enorme. Fue esa acción la que generó la pérdida de pruebas sensibles y puso en riesgo la seguridad de las víctimas”, dijo el abogado Pintos, quien presentó un pedido de jury.