Una jueza de Tierra del Fuego, la Dra. Anahí Petrina, expuso en Trelew el Protocolo Interno de Actuación para el Control Judicial de Medidas Excepcionales, una herramienta elaborada en el Distrito Judicial Sur para resguardar derechos y unificar criterios en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes.
TRELEW.– La jueza de Primera Instancia del Juzgado de Familia Nº2 de Ushuaia, Dra. María Anahí Petrina, participó como ponente en el 2º Foro de Innovación del Foro Patagónico de Superiores Tribunales, donde presentó el Protocolo Interno de Actuación para el Control Judicial de Medidas Excepcionales de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA).
La magistrada explicó que estas medidas permiten al juez evaluar la legalidad y razonabilidad de las decisiones administrativas, garantizando el derecho a ser oído, la no discriminación y la prioridad del interés superior del niño, verificando que se utilicen y agoten previamente todas las vías de protección integral antes de acudir a medidas excepcionales.
Durante su exposición, Petrina detalló que el protocolo fue elaborado en conjunto con los equipos técnicos y jurídicos de los Juzgados de Familia Nº 1 y 2 del Distrito Sur, con el fin de estandarizar criterios, fortalecer la intervención judicial y asegurar el resguardo de las garantías de las personas menores de edad involucradas. En ese trabajo también tuvieron una participación destacada el ex juez de Familia Dr. Alejandro Ferretto y la secretaria de menores del Juzgado de Familia Nº 1, Dra. Carolina Osta.
La jueza indicó que la herramienta se inserta en el Sistema de Protección Integral de Derechos, articulando normativa internacional, nacional y provincial, bajo principios como interés superior del niño, excepcionalidad, temporalidad, participación y autonomía progresiva.
El objetivo central del protocolo es garantizar el control de legalidad y la revisión periódica de las medidas que implican la separación del niño o niña de su medio familiar. En ese sentido, Petrina señaló que se prioriza la restitución con la familia nuclear o extensa, antes de considerar la preadoptabilidad, y la regulación del acogimiento familiar como medida transitoria y de acompañamiento.
Además, presentó la Guía de Indicadores de Control de Legalidad, que permite evaluar aspectos como la legalidad de la medida, la calidad de los vínculos, la contención emocional, la idoneidad familiar y el impacto en el proyecto de vida del niño, niña o adolescente.
La magistrada destacó que este protocolo constituye un avance significativo para las prácticas del Distrito Judicial Sur, al consolidar una mirada interdisciplinaria y orientada a la restitución de derechos, y afirmó que se proyecta como una herramienta replicable en otras jurisdicciones del país.
