Una carta firmada por un capitán británico del bergantín inglés El Rastrero, Henry Jones, el 30 de enero de 1813 volvió a instalar un dato clave en la discusión por la soberanía de las Islas Malvinas: en los primeros años posteriores a la Revolución de Mayo, Buenos Aires ejercía autoridad efectiva sobre el archipiélago y esa jurisdicción era reconocida por embarcaciones extranjeras.
Por BAE Negocios.- El documento registra que Jones solicitó autorización para cazar lobos marinos en las costas de las Malvinas. La nota fue elevada ante las autoridades porteñas y dirigida al Director de la Aduana, Enrique Torres, funcionario responsable de habilitar y supervisar actividades económicas en zonas estratégicas del Atlántico Sur.
El trámite constituye una evidencia temprana del ejercicio de soberanía por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A solo tres años del inicio del proceso independentista, el Gobierno regulaba la explotación de recursos en territorios que consideraba propios y exigía permisos oficiales para operar en ellos.
La caza de lobos marinos era una actividad de alto valor económico por aquel entonces. La intervención estatal en ese negocio revela la existencia de una estructura administrativa activa, con capacidad de control político, fiscal y económico sobre el archipiélago. El pedido de Jones no cuestionó esa autoridad, sino que la asumió como válida.
Este antecedente se suma a otros actos de soberanía ejercidos por Buenos Aires entre 1810 y 1829, período durante el cual no se registraron reclamos formales del Reino Unido. La ausencia de objeciones refuerza el argumento argentino sobre la continuidad del control efectivo previo a la ocupación británica de 1833.
El marco histórico remite al dominio español sobre las Malvinas desde el siglo XVI. En 1765, Gran Bretaña intentó establecer un asentamiento sin respaldo legal, lo que derivó en su expulsión en 1770 y nuevamente en 1774. En 1777, el ministro de Indias José de Gálvez ordenó eliminar cualquier instalación británica en las islas, una decisión ejecutada en 1780 por una expedición del Virreinato del Río de la Plata.
Tras el abandono de Puerto Egmont en 1774, el Reino Unido no mantuvo presencia oficial en el archipiélago durante los siguientes 55 años. Tampoco formuló protestas frente a las decisiones administrativas adoptadas por el gobierno argentino en las décadas posteriores.