El día lunes 2 del corriente aparecen publicadas declaraciones en el Diario Provincia 23, que reproducen lo manifestado en Radio Universidad por el Presidente de la Cámara de Comercio de Tolhuin, Ariel Carrasco, quién entre otras consideraciones sobre la labor de la institución que preside, ante las preguntas periodísticas que le hacen sobre el turismo, sobre los emprendimientos que tiene la localidad, la parte forestal, la turbera, la utilización de la madera de la zona y acerca de las Termas del Río Valdéz, se despacha con apreciaciones que resulta imperioso e ineludible aclarar y precisar, para que nadie se confunda y para evitar que se siga confundiendo o engañando a la gente sobre estos temas.
Estas declaraciones parecieran expresar una genuina preocupación por lo que ocurre, pero al ser formuladas desde el desconocimiento, se contraponen de manera flagrante con la verdad de los hechos y del derecho que involucran a la Empresa Transporte Roanmat SRL con el Gobierno provincial, en su carácter de concesionaria de las Termas del Valdéz, que no pueden ni deben ser pasadas por alto.
Debo decir en primer lugar, que la empresa se vio obligada, por culpa exclusiva del Gobierno provincial, a volver a judicializar nuevamente estos temas, tal como debió hacerlo por primera vez en el año 2001, cuando se la desadjudicó ilegalmente, y ahora por segunda vez, debe volver a iniciar otro juicio; porque no solo se viene negando sistemáticamente a cumplir sus obligaciones que surgen del contrato firmado en el año 1988, sino que además lo ha violado reiteradamente con leyes, decretos y resoluciones absurdas, estando en este momento solamente a la espera de que se dicte la sentencia y se haga justicia, ya que se ha tramitado toda la prueba que corrobora la veracidad del accionar perjudicial del Gobierno fueguino, para con la concesionaria.
En segundo lugar, corresponde decir que el recurso termal es y será siempre del Estado provincial, conforme surge de lo dispuesto por el art. 81 de la Constitución Provincial, y también es necesario volver a aclarar, que la explotación de ese recurso y todo lo que tenga que ver con la zona termal, está a cargo única y exclusivamente de la empresa concesionaria en virtud del contrato firmado y en plena vigencia hasta el presente.
En consecuencia, ni la comuna de Tolhuin, ni el Intendente de esa localidad, ni la Cámara de Comercio de esa comuna, tienen injerencia alguna sobre las cuestiones atinentes a las Termas del Valdéz, ni sobre la utilización del camino de acceso a la zona termal construido por la empresa, ni sobre las tierras circundantes a esa zona mensuradas por la empresa en el año 2007, tal como se desprende de lo que dice Carrasco.
No es cierto como lo refiere la nota periodística mencionada, que la ley de ampliación del ejido urbano de Tolhuin incluye a las termas, y no es cierto, porque esa ley es absolutamente ilegítima e inconstitucional, y por ello no se puede aplicar jamás.
Es ilegal dicha ley, ya que la Legislatura de la Provincia la sancionó después que la empresa concesionaria de la explotación del recurso, le iniciara el juicio al Estado provincial por negarse a cumplir con el contrato que las une, y al mismo tiempo se solicitó también que se declaren nulas todas las leyes, decretos y resoluciones administrativas que violan ese contrato y le causan un enorme perjuicio a la empresa, que son la razón de ser del porqué están cerradas las termas.
Es precisamente ese contrato el que debe ser respetado y no violado, aunque parezca mentira, por un estado de derecho, el que dispone como una obligación a cumplir, que se debía confeccionar la mensura de las tierras circundantes al recurso y como la mensura la hizo y la presentó la empresa para su aprobación en el año 2007, esta ley provincial que dispone ampliar el ejido urbano de la localidad mediterránea, al ser posterior a la presentación de la mensura, y posterior al inicio del juicio para que sea la justicia quién obligue al Gobierno a cumplir el contrato firmado, resulta absolutamente inconstitucional, ya que no puede disponer sobre las tierras ya mensuradas por la empresa, en virtud del contrato vigente.
Tenemos entonces que esta “ley” como que está yendo en contra del principio general del derecho que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley (art. 18 de la Constitución Nacional), al ir en contra de la denominada Doctrina de los Actos Propios, y como si lo expresado no fuera suficiente, al ser dictada en contra de lo que disponen todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto, resulta totalmente ilegal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto y no es materia de discusión, que está totalmente prohibido cambiar, modificar o alterar, lo que las mismas partes están dirimiendo en un juicio entre esas mismas partes, ya que el tema debe ser resuelto pura y exclusivamente por los jueces; razón por la cual esta ley de “ampliación” del ejido urbano de Tolhuin está buscando obtener ilegalmente una ventaja en desmedro de la empresa, y como la Legislatura es un poder del Estado, jamás debió sancionarse esta ley después de iniciado el juicio citado contra la provincia.
Los dichos de Carrasco, entonces, hay que tomarlos desde el desconocimiento adecuado de la situación que se discute judicialmente, y también desde el desconocimiento del derecho; razón por la que corresponde siempre informarse primero, y luego poder emitir una opinión que sea sensata y desinteresada. Es por eso que se dice comúnmente: “zapatero a tus zapatos”.
Quiero destacar y esto es lo realmente importante y motivo de esta solicitada, que en lo expuesto en la nota que se le hace al Presidente de la Cámara de Comercio de Tolhuin, se cambia sustancialmente la verdad de los hechos y del derecho acerca del tema de las Termas, lo que prueba y acredita que la aclaración que ahora formulo es absolutamente indispensable para que nadie se confunda, ni me confunda.
La empresa familiar que apostó hace años con miras al futuro cuando todavía éramos Territorio Nacional, primero invirtió millones de su propio bolsillo cuando nadie lo hacía, y fue así que construyó el único camino para el ingreso a la zona termal, y recién luego de la inversión, firmó el contrato que la vincula con el Estado para explotar el recurso.
Se quería poder concretar así, en esta bendita tierra, el primer circuito turístico de relevancia para sus habitantes y para los que vinieran a conocer y disfrutar de las termas del Fin del Mundo, por lo que ahora y después de tantos años, pareciera que algunos estarían intentando colgarse del saco de la empresa, o lo que es peor, parecería que se pretende sacar algún tipo de rédito, llevando agua vaya a saber para qué molino.
Lo cierto es que la construcción del camino de acceso a la zona termal desde la Ruta N° 3, fue realizado a cargo exclusivo de la empresa, y únicamente hecho para ser utilizado con fines turísticos, y solo para ser transitado por vehículos livianos, razón por la cual está expresamente prohibido que circulen por allí camiones o maquinaria de gran porte.
Asimismo, la empresa concesionaria tiene a su cargo el deber de cuidado y de mantenimiento del camino que conduce a la zona termal, razón por la cual si se pretende utilizarlo para otros fines que no sean los turísticos, deberá el propio Estado a través de Vialidad Provincial, o construir un acceso alternativo para que ingresen los vehículos de gran porte, o algún particular o empresa, invertir como lo hizo Transporte Roanmat SRL, en la construcción de otro camino.
La ley de ” ampliación” del ejido urbano de Tolhuin, que de 50 km2 pasa a más de novecientos kilómetros como dice la nota periodística, en realidad lo que pretende es no solo blanquear una ilegalidad, sino que también resulta ser esta “nueva ley” una versión corregida y aumentada de la ilegítima e inconstitucional ley N° 597/2003 que consagra un robo de los derechos que la empresa tiene adquiridos efectivamente por contrato, ya que al disponer crear una absurda zonificación, al establecer la prohibición expresa de la concesión del recurso, y al prohibir el ejercicio de la opción de compra de las tierras fiscales, está omitiendo tener en cuenta que hay un contrato válido que dice todo lo contrario, y pretendiendo ignorar, al mismo tiempo, que los derechos de la concesionaria fueron a cambio de la previa inversión millonaria realizada.
Es decir que se intenta por segunda vez con esta otra ”ley“, lograr lo que no pudieron hacer cuando el Gobierno de Manfredotti-Gallo desadjudicó ilegalmente a la concesionaria para venderle la explotación del recurso a otros, “olvidándose” que los contratos con contraprestaciones recíprocas y absolutamente conforme a derecho, se firman para ser cumplidos.
Ni ahora ni nunca voy a aceptar ni a permitir que nadie desde la desinformación o desde la ignorancia sobre cuestiones jurídicas, le diga al pueblo de la provincia lo que no es correcto sobre el tema de las Termas, y menos aún aceptaré, que nadie se quiera subir al carro que no les pertenece ni les corresponde.
La incorrección proveniente de la desinformación, lleva inevitablemente a la confusión o lo que es peor, al engaño; siendo totalmente inaceptable que algunos pícaros quieran sacar provecho y beneficiarse de los dichos incorrectos de quién, quizás de buena fe, realiza manifestaciones que están favoreciendo objetivamente a quienes desde el poder y de mala fe, desde hace diecisiete años, siguen empeñados en obtener un colosal despojo.
Estoy harto de que se siga manoseando a la empresa violando lo que dice un contrato que hay que respetar y cumplir, al igual que estoy harto de la mediocridad, de la mentira, del abuso del poder, de la impunidad, y de que se me falte el respeto no solo como hombre de bien, sino como conocedor del derecho. Ya es hora de que todos los hombres y mujeres de bien de esta querida Tierra del Fuego le digamos basta a aquellos que se burlan de la justicia, dictando leyes truchas; le digamos basta a los que le mienten a los jueces en la cara; y le digamos basta a los que se jactan de hacer lo que se les dé la gana, sin que nadie les ponga un límite. Ha llegado la hora del triunfo de la verdad y de la justicia por sobre la infamia y la mentira. Que le quepa el sayo, a quién se lo ponga.
LUIS DANIEL MERLO-ABOGADO MAT. PCIAL. N° 17 S.T.J.