Los legisladores Pablo Blanco, Pablo Villegas, Cristina Boyadjian, Angelina Carrasco, Andrea Freites, Ricardo Furlan y Myriam Martínez fueron los que protegieron al Fiscal del Estado del juicio político.
Todos los habitantes de Tierra del Fuego recordamos siempre que el gobierno de Manfredotti-Gallo fue el más corrupto de la historia provincial. Sus herederos y sus socios políticos, que no son pocos, fueron puestos, por sus jefes, en los tres poderes del Estado para garantizar la impunidad de ambos cuando hiciera falta y garantizarse, ellos también, la impunidad. Como siguen estando en las estructuras del Gobierno, hoy pretenden terminar lo que no pudieron, esto es, continuar haciendo daño a esta fueguina y a su familia, que nunca le hizo daño a nadie y que jamás se quedó con nada que no fuera el producto del trabajo, intentando volver a despojarme de la concesión de la explotación de las termas. Fue ese nefasto Gobierno el que me echó de las termas junto a mi familia, inventando incumplimientos al contrato de concesión, e intentó destruir, para siempre, el patrimonio de Transporte Roanmat S.R.L., para que otros se quedaran con el esfuerzo, el sacrificio y las inversiones hechas por mi empresa.
Justo al día siguiente que saliera publicada la solicitada del abogado de la empresa, denunciando las razones del despojo, y aportando las pruebas jurídicas de que dice la verdad, es cuando estos legisladores, en venganza, porque no se bancaron las verdades hechas públicas en una solicitada, desestiman el pedido de juicio político que le hice al Fiscal de Estado, por haber mentido, por haber desempeñado mal su cargo, y por no cumplir con el control de legalidad de los actos del Estado que la Constitución le impone.
Lo denuncié porque el 8 de febrero del año1988, el Gobierno provincial había dictado el decreto N°319 que declaraba de uso turístico exclusivo la zona de Aguas Termales del Río Valdez, prohibiendo el tránsito de camiones de carga o maquinaria pesada por el camino construido por mi empresa y, cuando el 22 de junio de 1998, la gobernación dicta el decreto N°1201 que modifica ilegalmente el N°319, resolviendo afectar el camino para usos forestales, me genera un perjuicio por la destrucción del camino al permitir, el propio Estado, el tránsito de camiones de gran porte para sacar la madera, y que antes estaba prohibido (porque cuando se lo construyó, no se lo hizo para soportar grandes pesos). El Fiscal de Estado, no solo no cuestionó jamás este acto ilegal del Gobierno, es decir, no ejerció el control de legalidad que tiene a su cargo sobre los actos administrativos realizados por el Estado, sino que lo justificó.
Además, y lo que es más grave, cuando la empresa denunció la ilegitimidad de este último Decreto, desde la Fiscalía de Estado consideraron que no es ilegal y afirmaron en el juicio de cumplimiento de contrato que le inicié al Gobierno, que ese decreto le había “generado derechos” a los “productores” forestales de la zona, que son los que destruyeron el camino. Increíble, pero cierto. Dicho sea de paso, nunca el Estado construyó un camino alternativo a su costo, para que ingresaran los camiones de gran porte, es decir que se aprovechan de este decreto ilegal para sacar la madera y agua para comercializarla, pero destrozando el camino que no se hizo para el paso de camiones, y es por esa razón que está intransitable, y las termas cerradas.
Poco después de ser mal desadjudicada de las termas, la Dirección de Catastro de la Provincia dictó otro decreto ilegal como el N°39/02, que daba de baja y eliminaba la partida del impuesto inmobiliario rural de las termas, y disponía la vuelta a la provincia de las tierras fiscales adyacentes. Cuando se firma el convenio de partes, en el 2006, que nos devuelve la explotación del recurso, volviendo al mismo estatus quo anterior a la desadjudicación, continuamos pagando los impuestos inmobiliarios y otorgando la DGR los libre deuda correspondientes. De manera sorprendente, la DGR nos informa, mediante la nota N°249 del 2013, que la partida inmobiliaria correspondiente a las termas, ya no figuraba en el sistema informático, y que no nos podían recibir más el pago del impuesto, lo que me obligó a iniciar el juicio de consignación N°20.998/13, hoy en pleno trámite.
El Fiscal de Estado, cuando contesta la demanda de ese juicio de consignación por la no recepción del pago del impuesto inmobiliario rural, rechaza el pago invocando el ilegítimo Decreto 39/02 afirmando que era correcto y que debía haberme inscripto de nuevo en el padrón. El Fiscal de Estado entonces, no solo no hizo el control de legalidad sobre este acto absurdo y aberrante de Catastro, sino que desconoce el derecho, pues como este decreto se dictó en el 2002, después de iniciado el juicio N°1425/01 que demandaba la restitución de las termas, era absolutamente ilegal porque violaba la igualdad ante la ley del art. 18 de la CN, que prohíbe cambiar el Estado de las cosas que se discuten en un juicio entre las mismas partes, ello atento el juicio N°1425/01 para recuperar las termas, lo iniciamos un año antes que catastro hiciera este decreto, y como Catastro provincial es parte del Estado, nunca se debió haber dictado.
Finalmente, la denuncia era porque, cuando el Presidente de la Legislatura declara en Provincia 23 que se dicta la ley 597 para evitar que se rifen los intereses de los fueguinos y poder vender así las termas a otro, y que en esto lo acompañaba el Fiscal de Estado, es el propio denunciado quien afirma cuando responde en el juicio de cumplimiento de contrato, que esta ley es válida, eficaz y plenamente aplicable a mi empresa , y le pide a la justicia que la declare constitucional, incurriendo en desconocimiento del derecho pues todos los abogados de la argentina, saben que una ley, un decreto o resolución posterior al inicio de un juicio entre las mismas partes y con el mismo objeto, no puede cambiar nunca lo que las partes discuten judicialmente.
Resulta muy clara la inconducta del Fiscal de Estado, y debió ser sometido a juicio político, por lo que, al rechazar el jury, estos legisladores se convirtieron en los guardaespaldas de quien, siendo el representante legal de la provincia, miente, desconoce el derecho, y no hace el trabajo por el que le pagamos todos los fueguinos, pues no solo no ejerce el control de legalidad sobre los actos administrativos ilegales del Estado provincial, sino que los avala.
Quienes desestiman el jury creyendo que ayudan al Fiscal de Estado, no se dieron cuenta que es al revés, porque “salvarlo” del jury equivale a una condena moral ante la sociedad, porque el pueblo de la provincia sabe ahora que las pruebas de la inconducta del Fiscal de Estado son ciertas, al igual que estos legisladores ahora también saben, que ya están condenados moralmente, porque no hicieron lo que la Constitución de la provincia les ordena y porque los ciudadanos los castigaremos con el voto, cuando llegue el momento.
El art. 121 de la Constitución provincial dice que se remitirán al juez competente los antecedentes de quién denuncia maliciosamente. Desafío públicamente a que me denuncien si, soy maliciosa, porque la única razón valedera para desestimar el pedido de juicio político es que la denuncia sea maliciosa, y queda absolutamente claro que dije la verdad con las pruebas en la mano y para que todos las vean, como siempre lo hice en mi vida.
La ley de ampliación del ejido urbano de Tolhuin hacia la zona de las termas, solamente se puede entender en una comuna que no es una ciudad (porque no tiene la cantidad de habitantes que la ley establece), como un gran negocio inmobiliario, sin justificativo urbanístico alguno, pero lo importante es que es ilegítima también, porque se sancionó después de empezado el juicio por cumplimiento de contrato que mi empresa le hizo al Gobierno provincial.
No les tengo miedo a las represalias, porque siempre me he manejado con la verdad, he aprendido a defenderme, y estoy convencida que me van a defender todos los hombres y mujeres de bien hasta las últimas consecuencias, sea juntando firmas en la calle, sea publicando veinte solicitadas si hace falta, llegando a los periodistas nacionales, denunciándolo a las más altas autoridades del país y jurídicamente, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque estoy harta de la mentira, de la corrupción, de la injusticia y de la impunidad.
Este Fiscal de Estado es quien también le pidió, hace un tiempo, la quiebra a mi empresa por una deuda inexistente, es el responsable de impedir la explotación del recurso termal que por contrato tengo concesionada, y es el causante de que no pueda generar los recursos económicos genuinos con su explotación, con la consiguiente pérdida de ingresos, atento no la puedo explotar desde hace diecisiete años, y que por esto, los habitantes de la provincia, tampoco lo pueden disfrutar.
Tanta maldad durante tantos años es inconcebible e intolerable. Pero es increíble que sea desde la legislatura desde donde se supone se defiende y se respeta la Constitución, que se hicieron dos leyes truchas e inconstitucionales, para favorecer vaya a saber qué intereses, no respetan los derechos adquiridos por contrato de mi empresa, y protegen a un mal funcionario como el Fiscal de Estado. Esta es una defraudación a los radicales, peronistas, mopofistas e independientes de bien que los eligieron, pero lo más grave, es que con sus actitudes, la están llevando por mal camino a mi Gobernadora en la que creí y voté como peronista afiliada desde los 14 años de edad, esperando, con mucha esperanza, un cambio, que los fueguinos nos merecemos, y que parecía que iba a llegar.
Es por esto que me dirijo también, por este medio, a la Señora Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego que es mujer y madre como yo, pero que también es abogada y tiene una opinión jurídica sobre estos hechos. Entiendo que debe haber leído la ley N°597, al igual que la ley de ampliación del ejido urbano de Tolhuin, y también sabe y conoce que el Fiscal de Estado viene ejerciendo mal su cargo. Si no lo hizo porque sus múltiples ocupaciones se lo impidieron, ahora es el momento de hacerlo y de decirlo públicamente para que sepan todos cuál es su verdad sobre este tema. Todavía creo en usted, y es por eso que le exijo que lo haga, y me responda si estoy equivocada o tengo razón, porque cualquier persona de bien y creo que usted lo es, así debe actuar.
Quizás me puedan sacar la explotación de las termas, pero si ocurre, es usando artimañas, porque legalmente es imposible que eso pase jamás, ya que la razón, el derecho y las pruebas están de mi lado, como lo están del lado de los que nunca nos quedamos con nada ajeno y que no hubiera pagado, y es por eso que no voy a permitir jamás, que nadie les robe a mis hijos ni a mí, la dignidad ni la moral.
ANGELICA MANCILLA – DNI 11.858.073
SOCIA GERENTE DE TRANSPORTE ROANMAT SRL