BUENOS AIRES (NA).- El Senado sancionó una ley que crea el régimen de agentes encubiertos e informantes para la investigación de delitos complejos como el narcotráfico y el terrorismo.
La nueva ley tuvo 34 votos a favor y 18 en contra: fue apoyada por el oficialismo y buena parte del PJ-FPV, mientras que el sector kirchnerista de esa bancada y el Interbloque Federal de Adolfo Rodríguez Saá votaron en contra.
La norma se propone «brindar a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial herramientas y facultades necesarias para la investigación prevención y lucha de los delitos complejos».
Esas herramientas son las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante, entrega vigilada y prórroga de jurisdicción, que se utilizarán para la investigación de delitos como narcotráfico, trata de personas, delitos aduaneros, corrupción de menores, asociación ilícita y secuestros.
El agente encubierto es un funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado que, ocultando su identidad, «se infiltra en las organizaciones criminales para identificar o detener a los partícipes», según establece la nueva ley.
El agente revelador, en cambio, será quien «simula interés o ejecuta el transporte, compra o consumo de dinero, personas, bienes, servicios, armas o estupefacientes» para identificar a los implicados en un delito, detenerlos, liberar a las víctimas o recolectar pruebas».
La diferencia entre el agente encubierto y el agente revelador es que el segundo no se perpetúa en el tiempo, es decir, no se infiltra por tiempo indeterminado en la organización criminal sino que actúa como cliente o colaborador.
Según la ley, ya aprobada por la Cámara de Diputados, los agentes encubiertos y reveladores «no serán punibles si comenten un delito» en ese contexto siempre y cuando no corra riesgo cierto «la vida o la integridad física y psíquica de una persona», y habrá penas de 4 a 8 años para los funcionarios que revelen la identidad de un agente.