Tanto la Fiscalía como la querella solicitaron penas de prisión efectiva para los propietarios y la encargada del local nocturno el Sheik del que fueron rescatadas seis mujeres calificadas como víctimas de trata de personas por la justicia federal. Por su parte, los abogados defensores plantearon sendas nulidades y cuestionaron a agentes de Gendarmería por actuar como “agentes provocadores” del delito.
USHUAIA.- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego concluyó ayer con los alegatos del caso donde se investiga el presunto delito de trata de personas y explotación sexual ocurrido en el local nocturno El Sheik” durante el año 2012.
El fiscal Adrián García Lois consideró probado el delito por el cual están imputados Pedro Montoya y Claudia García (la pareja propietaria del local); y la encargada de la barra y cajera, Lucy Campos Alberca. Para Montoya el fiscal pidió 12 años de prisión efectiva, mientras que para su pareja, solicitó se le impusieran 9 años de cárcel. En tanto para Alberca, quien es de nacionalidad peruana, Lois pidió 5 años de prisión.
Por su parte la abogada querellante que impulsa la acción en representación de Alika Kinán, una de las mujeres consideradas víctima por la justicia, pidió 8 años de condena para Pedro Montoya, 5 años para García y 4 años para la mujer peruana.
La abogada de la querella, Marcela Rodríguez, coordinadora del “Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas del Delito de Trata de Personas”, que depende de la Defensoría General de la Nación, anticipó que considera a los tres imputados como responsables de haber captado y explotado sexualmente a “por lo menos ocho mujeres”.
Estas personas “degradaron como personas a las mujeres, convirtiéndolas en objetos sexuales” aprovechándose de su situación de “vulnerabilidad social”, dijo la abogada.
Además de la condena de cárcel, la querella también pidió que se condene civilmente a los acusados y solidariamente a la Municipalidad de Ushuaia al considerar que el estado comunal fue responsable de haber “facilitado” y “legalizado” la situación de trata.
Esto tuvo respuesta por parte del abogado de la municipalidad de Ushuaia quien cuestionó que la querella haya tildado a la Municipalidad de ser prácticamente “socio en las ganancias” junto a los enjuiciados mientras se materializaba el delito.
La solicitud de pena se conoció durante la etapa de alegatos del proceso calificado como “histórico” por los especialistas y por ser la primera vez que una víctima, en la persona de Alika Kinán, se constituye como actora querellante de quienes presuntamente la sometieron.
Planteos de nulidad
Cabe señalar que la defensa ejercida por el doctor Félix Santamaría como la del doctor José Bongiovanni, quien defiende a Alberca, cuestionaron el rol de los gendarmes que realizaron la inteligencia previa a los allanamientos de octubre de 2009.
“Los gendarmes pagaron copas y eso es un delito para la acusación, porque actúan como agentes provocadores y eso está prohibido”, manifestó Bongiovanni, recalcando que Alberca “cumplía las mismas condiciones de vulnerabilidad que las demás víctimas, de ninguna manera pudo haberse abusado porque para ella era normal estar en esa situación”.
Recordó que la ley de trata de personas establece en su artículo 5 que no se le debe aplicar pena a las personas que han sido víctimas de trata, como es el caso de su defendida.
En tanto Santamaría planteó en el mismo sentido dijo que existió “una violación del principio de congruencia, toda vez que se alteró la base fáctica” e hizo hinca pie en que “en la nulidad existente de los agentes provocadores porque hubo gendarmes que fueron a inspeccionar el lugar y trabaron relación con las señoras que estaban en ese lugar”.
El letrado penalista enfatizó que “actuar de encubierto es una cosa y provocador es otra. Si comprás una copa, estás provocando el delito. El señor Fiscal no le había autorizado a hacer eso y eso es una violación muy grave”.
Tanto Bongiovanni como Santamaría solicitaron la absolución de sus asistidos de los cargos que pesan en su contra.
