El CADIC y el Gobierno Provincial habían solicitado que los detalles del expediente no fueran de conocimiento para la prensa y el público. Como no pudieron justificar las razones de su pedido, el juez Federal resolvió denegárselo.
USHUAIA.- El juez Federal Federico Calvete rechazó los pedidos de reserva realizados por el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y el Gobierno Provincial sobre las actuaciones en el marco de la causa “Amigos del Reino Animal Fueguino” (ARAF) y Otro c/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas”, más conocida como Causa de los Conejos.
Además, el magistrado impuso un plazo de cinco días para que la institución científica explique cómo realizaría el control de la plaga con la ayuda del Gobierno, a fin de retomar la audiencia iniciada en agosto, luego de que el magistrado impidiera al CADIC una matanza de conejos con gas fosfina en el predio de la institución y aceptara la ayuda de ARAF para controlar la plaga usando métodos amigables con el medio ambiente; cuando se realizó una audiencia para organizar cómo se llevaría a cabo esta medida.
En esa oportunidad, María Luisa Carranza, directora General de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Gobierno Provincial, convocada para colaborar en la puesta en marcha de la medida cautelar que ordenaba capturar, castrar y relocalizar a los conejos, presentó un informe sobre el cual solicitó reserva, no sólo a las partes integrantes del proceso judicial sino también a la prensa.
La Dra. Griselda Engelhard, apoderada de ARAF y AFADA, explicó a El Sureño que “en ese informe Carranza dice que se hace cargo de la matanza de conejos porque se trata de una plaga y pide que eso se mantenga en secreto. Es decir que el CADIC les pasa la posta a ellos para que maten. Y todo en secreto”.
“Nos pareció el colmo que, además de querer matar de esa manera, se ataque la libertad de expresión y de prensa”, dijo la representante de AFADA, por lo que sostuvo que “este juicio que está haciendo historia, va a ser público hasta el final”.
No obstante, la audiencia iniciada en agosto había pasado a un cuarto intermedio a la espera de un escrito que el CADIC se comprometió a presentar, explicando cuál sería esa metodología propuesta para controlar la plaga, acordada junto al Gobierno.
Engelhard indicó que “el Juez les había dado un plazo de 10 días para fundamentar ese pedido y explicarlo por escrito. Ese plazo se venció ampliamente y la audiencia no se puede retomar por esta demora. Entonces me metí en el expediente para decir que lo están haciendo a propósito”, afirmó.
“No subieron el escrito ni lo van a subir, es una chicana. Por eso pedí sanciones y que siga el proceso como corresponde. El juez Calvete tomó mi pedido y los intimó para que en un plazo de 5 días, que comenzó a correr el lunes, suban ese bendito escrito para que el juicio se termine”.
Además, la abogada insistió en la necesidad de que este asunto se aclare definitivamente. “Acá hay dinero de las arcas públicas en juego y también se está investigando cómo entró el gas fosfina a la provincia, siendo una sustancia prohibida y por la que hay una causa penal abierta”.
“Ellos dicen que no mataron conejos y le piden al Juez que cierre la causa. Lo cierto es que no sabemos si no los mataron porque no nos consta. Y si no siguieron matando, fue por una orden judicial que se los impide que planteamos nosotros. Pero si no hubiera sido por eso, hubieran matado a todos los conejos y nos hubieran envenenado a todos”.