La comisión que preside Hugo Yasky comenzó el debate para la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria y el aumento de penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.
BUENOS AIRES (TELAM).- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir en la tarde de este miércoles los proyectos de ley para aumentar las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad y la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática.
Además de los proyectos sobre negacionismo también se analizará la incorporación de la figura del antisemitismo en la ley antidiscriminación.
Al abrir el plenario, el presidente de la comisión, Hugo Yasky, dijo que harán varias reuniones sobre negacionismo; sostuvo que “nos proponemos tratar de escuchar el arco posible más amplio y plural representativo de la sociedad” y destacó que Argentina “pudo construir una convivencia democrática basado en la política de memoria, verdad y justicia”.
El debate sobre el negacionismo se reflotó a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.
En la reunión del miércoles expuso en primer término sobre la incorporación de la figura del antisemitismo a la ley Antidiscriminación la diputada Mariana Stilman (Coalición Cívica), quien sostuvo “la necesidad de incorporar esta causal que se da frente a insistentes conductas discriminatorias y antisemitas. En el contexto internacional hay una ola de odio y en la Argentina se tuvieron que recrudecer las medidas de seguridad”.
Recordó que como consecuencia de la guerra entre Israel y la organización Hamas “recrudeció el antisemitismo en el mundo y en la Argentina y hoy tenemos una ola de odio”, y señaló que en el país “en los colegios judíos tuvieron que modificar las medidas de seguridad”.
El primer invitado en exponer fue el sociólogo Eduardo Feirstein, quien señaló que “el primer problema que veo es que recurrir a una penalización” es “asignarle al derecho penal a una función para lo que no fue creado, porque hablamos de negacionismo y no de apología de la violencia política, que ya está penalizada”.
Uno de los proyectos, cuya autoría pertenece al cordobés Fernández, establece la modificación del artículo 213 para estipular que “será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Entre los proyectos referidos a la penalidad del negacionismo se buscará aunar criterios sobre iniciativas de Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.
En cuanto a los agravantes, prevé que: “Será sancionado con la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años el funcionario público de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción que, durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad”.