El Gobierno oficializó ayer la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que quedará a cargo de Alejandro Alberto Vilches, horas después del desplazamiento de Diego Spagnuolo por el escándalo de los audios de presuntas coimas, mientras que dirigentes de la oposición reclamaron al oficialismo que dé “explicaciones” sobre el hecho.
BUENOS AIRES (NA).- El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la “primera misión” del interventor Vilches será “realizar una profunda auditoría en el área” y agregó que las pensiones por invalidez fueron históricamente una “caja de la política” que el Gobierno está decidido a desmantelar.
Adorni adelantó que el nuevo interventor profundizará la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones con el objetivo, según el Gobierno, de “garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”.
Vilches, el nuevo responsable, es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y se desempeñaba hasta ahora como secretario de Gestión Sanitaria.
La rápida designación y el anuncio de una auditoría profunda son la respuesta del Ejecutivo a uno de los mayores escándalos que afronta, por lo que buscó mostrar una acción decidida para controlar un área sensible.
Durante la jornada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que la existencia o no de un pedido de coimas en ese organismo “la tiene que resolver la Justicia”, aunque subrayó que “no pone las manos en el fuego por ningún funcionario”.
“La salida de Spagnuolo está confirmada por una decisión que el Presidente tomó ayer”, dijo Francos, al tiempo que pidió que no le pregunten sobre la inocencia de funcionarios como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o su asesor, Eduardo ‘Lule’ Menem, porque “son temas que debe investigar la Justicia”, insistió.
Al arribar cerca de las 9.30 al Hotel Alvear para exponer en el Council of the Americas, el funcionario fue abordado por periodistas ante quienes puntualizó que “el juez que está llevando adelante la investigación lo citará al señor Spagnuolo para ver si ratifica los dichos que han aparecido en unos audios que, la verdad, no sé de dónde salen”.
La oposición, a través de dirigentes de diferentes espacios, hizo foco en el escándalo y remarcó que la gestión de Javier Milei incurrió en hechos de corrupción.
El senador radical Martín Lousteau afirmó que el Gobierno “roba” mientras somete a las familias a un “ajuste sin precedentes” en el área de salud, a raíz de los audios filtrados y de la ley de emergencia en discapacidad que el oficialismo buscaba voltear.
Por su parte, el legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente, a Karina Milei y a Spagnuolo por “defraudación contra la administración pública”.
En su presentación, Solano solicitó que también se incluyera ‘Lule’ Menem y el dueño de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, frente a lo que consideró una “posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias”.
El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón afirmó que el caso de los audios sobre supuestas coimas en la ANDIS es “un escándalo” porque “implica a las principales figuras del Gobierno” y muestra un gran nivel de “impunidad”.
“Es un escándalo de proporciones enormes y pedimos en el Congreso que asistan Spagnuolo y Karina Milei para explicar qué pasó, porque esta denuncia implica a las principales figuras del Gobierno”, señaló en declaraciones a Radio Splendid.