Lo afirmó el senador Pablo Daniel Blanco de Juntos por el Cambio, quien se mostró indignado por la respuesta brindada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En un escrito hizo oficial la postura del Gobierno por la que asume que, “hace falta una sentencia judicial para calificar una toma de tierras como un hecho ilegal”.
BUENOS AIRES.- Para Blanco, esta afirmación seguida de una larga serie de argumentaciones en favor de promover instancias de diálogo entre los ocupantes, los propietarios y el Estado nacional “son una invitación a la toma de tierras; una verdadera canallada que atenta contra la propiedad privada, así como un modo de lavarse las manos y girarle la responsabilidad de cada decisión sobre las tomas al poder judicial.
Son tantas las tomas y usurpaciones de tierras que, si cada una de ellas se judicializa los tribunales colapsarán. Es evidente que, aquí hay incompetencia por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación junto a la voluntad manifiesta de que los Tribunales no den abasto para que los usurpadores ganen tiempo y los asentamientos se multipliquen y perduren”.
Según el Senador “esta espera forzosa a la que el Gobierno condena a las verdaderas víctimas, además de atentar contra la propiedad privada, las vuelve a victimizar. Este Gobierno nos hace vivir en un mundo del revés, donde el derecho asiste a los delincuentes y las víctimas son víctimas al cuadrado”.
“Lo vengo sosteniendo hace meses. La Ministro Frederic debe renunciar. Le queda enorme su cargo. Parece más la dueña de una inmobiliaria administrando tierra ajena que, una Ministro de Seguridad garantizando la seguridad de los bienes de la gente y de la Nación”, finalizó el Senador por Tierra del Fuego.