La nueva norma, eleva al 15 por ciento el margen de diferencia a favor de las pymes sobre los valores de otras ofertas en los procesos de compra del Estado. Uno de los puntos centrales de la ley establece que si una empresa extranjera gana una licitación de obra pública deberá subcontratar empresas nacionales
BUENOS AIRES (NA).- El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Compre Argentino que apunta a favorecer a las pymes nacionales en los procesos de compra del Estado y devolvió con cambios a la Cámara de Diputados el proyecto sobre Defensa de la Competencia, que busca evitar la cartelización.
La nueva norma, que fue aprobada con 49 votos a favor y girada al Poder Ejecutivo para su promulgación, eleva al 15 por ciento el margen de diferencia a favor de las pymes sobre los valores de otras ofertas en los procesos de compra del Estado, mientras que para las grandes compañías será entre el 5 y el 7 por ciento.
Uno de los puntos centrales de la ley establece que si una empresa extranjera gana una licitación de obra pública deberá subcontratar empresas nacionales hasta cubrir un 20% del valor de la obra. Además, se fijan sanciones por el incumplimiento de esa previsión, que serán multas que irán desde el 5 al 50% del monto del contrato.
«Esta ley contempla una reserva de mercado: esto significa que para compras menores a cierto nivel habrá una reserva del mercado para que nuestras pymes allí compitan», destacó la senadora oficialista Silvia Elías de Pérez, al defender el proyecto.
Su compañero de bloque Roberto Basualdo afirmó a su vez que la ley «constituirá una herramienta poderosa que permitirá al Estado utilizar toda su fuerza de compra para lograr desarrollar proveedores de origen nacional que lo abastezcan» y que pondrá «a las pymes en un lugar de preferencia».
Defensa de la Competencia
La iniciativa sobre Defensa de la Competencia fue aprobada con 49 votos a favor y 8 en contra (resultado que fue corregido tras la votación electrónica) pero debido a que se le hicieron cambios durante su tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías, será devuelto a la Cámara de Diputados, que la había aprobado el año pasado.
El proyecto crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de ese organismo funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.
Uno de los cambios que se le hicieron al proyecto original radica en que, en lugar de contemplar la «designación ficta» de las autoridades del Tribunal se establece que necesitarán acuerdo del Senado, según explicó el senador Mario Pais (Bloque Justicialista).
El proyecto prohíbe los acuerdos entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de «repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento», entre otros puntos.
Otro de los aspectos centrales son las sanciones a las empresas que incurran en esas prácticas, entre las que se destaca la suspensión de las compañías en cuestión del Registro Nacional de Proveedores del Estado.