RIO GRANDE.- El miércoles, en asamblea general de afiliados, fue aprobada por unanimidad la Memoria y Balance del ejercicio 2018, de la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado, dando cumplimiento así con los pasos que obliga la ley de entidades sindicales.
La contadora Ayelen Barboza fue la encargada de dar lectura del informe contable a los afiliados presentes en la asamblea, realizada en la sede sindical ubicada en calle Pacheco 756. Una vez finalizada la exposición, el informe se puso a consideración de la asamblea el cual fue aprobado en forma unánime.
Al hacer uso de la palabra, el secretario general, Marcelo Córdoba, expuso sobre la situación que atraviesa la seccional que es similar a otras seccionales del interior del país, como consecuencia del desfasaje económico que aplica la conducción nacional ANUSATE, que son quienes conducen hace más de 30 años, “quienes han retenido 27 millones 500 mil pesos en esta última gestión de 4 años, a su vez, lamentó que se dicen llamar compañeros y actúan en desmedro de nuestros compañeros trabajadores”.
Cabe destacar que Córdoba viajó a Buenos Aires, el año pasado, para solicitarle a la conducción nacional que suspenda las retenciones para poder culminar la Obra del futuro centro de salud de nivel primario, junto a la farmacia destinada a los afiliados y la respuesta fue totalmente negativa.
“La obra en construcción debió ser paralizada por la suba indiscriminada del dólar y el ajuste constante que aplica el gobierno de Macri a todos los argentinos”, dijo Marcelo Córdoba, quien además puntualizó que “toda la infraestructura del futuro Centro de Salud es fruto de la plata todos los afiliados como resultado de una ordenada administración financiera, la cual depende de los esfuerzos propios que esta gestión viene llevando adelante”.
Córdoba dijo que “seguimos firmes en la gestión para la construcción de las primeras 120 viviendas del total de las 240 del barrio de ATE”, las que se ejecutan a través del fideicomiso conformado entre el gobierno provincial a través del IPV; el municipio de Río Grande y la Secretaria de Vivienda de la Nación.
A su vez son administradas técnicamente y financiadas por el Instituto de la Vivienda y el Banco de la Provincia.