En su escrito el juez señaló que en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
BUENOS AIRES (NA).- El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado ayer por asociación ilícita, mientras la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance de la investigación.
Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba el exdirector de la ANDIS.
El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini, además de Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, dos personas con estrechos vínculos con droguerías.
El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran exfuncionarios y empleados de la Andis y empresarios privados que intervinieron, casi todos con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.
El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más de 202 millones de pesos.
En su escrito el juez señaló que en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Para Casanello ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Según el fallo del magistrado, la ANDIS se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Además, deja abierta la puerta a una investigación más amplia, al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.
Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance de la causa que investiga maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La Sala II del máximo tribunal penal —integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Ángela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar— declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina, contra la desestimación de una excepción de falta de acción.
Con esta decisión, quedó firme lo actuado por el juez y el fiscal de primera instancia, lo que permite que continúe la investigación sobre irregularidades en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad por parte del Estado nacional.
Según consta en el expediente, la pesquisa se concentra en una organización delictiva integrada por funcionarios públicos y empresarios del sector farmacéutico, que mediante licitaciones amañadas y desvío de fondos se habrían apropiado de sumas millonarias entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, en perjuicio del erario y de sectores vulnerables sin cobertura médica.