Desde la Asociación Manekenk ratificaron que acudirán a la Justicia para solicitar la ‘inconstitucionalidad’ de la nueva ley de acuicultura aprobada por la Legislatura fueguina, reclamando además que se restituya la vigencia de la Ley 1355.
USHUAIA.- Desde la Asociación Manekenk ratificaron que acudirán a la Justicia para solicitar la ‘inconstitucionalidad’ de la nueva Ley de Acuicultura aprobada por la Legislatura fueguina el lunes último, reclamando además que se restituya la vigencia de la Ley 1355.
“Nada de lo ocurrido será naturalizado ni olvidado. La modificación de la Ley 1355 no cierra este conflicto: lo abre”, resaltaron desde la ONG a través de un comunicado, ratificando que “frente a un proceso viciado, regresivo y contrario a la normativa ambiental vigente, recurriremos a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada y se restituya la plena vigencia de un marco que protegía bienes comunes esenciales”.
Para la entidad ambientalista “la defensa del ambiente no prescribe, y quienes levantaron la mano para habilitar la destrucción deberán hacerse responsables, en los tribunales y en la memoria colectiva”.
En ese sentido, alertaron que “no vamos a permitir que decisiones tomadas a puertas cerradas, ignorando informes técnicos, dictámenes oficiales y la voluntad popular, queden impunes bajo el paso del tiempo”.
Para Manekenk la sanción de la nueva ley se dio “en una sesión marcada por la irregularidad y el cierre del debate público”, cuestionando a los “legisladores y legisladoras que aprobaron la modificación de la Ley Provincial N° 1355, un marco normativo ambiental de referencia a nivel nacional y regional que protegía los mares, ríos y lagos fueguinos de la industria salmonera”.
“La Ley 1355, de orden público y construida con amplio consenso social, científico y político, fue alterada de manera ilegítima, autoritaria y a puertas cerradas, desconociendo su espíritu original y la voluntad popular que la sostuvo desde su sanción. Con esta decisión, la protección de los ecosistemas acuáticos frente a una de las industrias más contaminantes del mundo llega, al menos por ahora, a su fin”, resaltaron.
¿Hasta dónde son capaces de llegar?
En su comunicado, Manekenk revela detalles sobre una serie de supuestas irregularidades cometidas por las autoridades para llegar a la aprobación de la ley y cuyas pruebas usarán a la hora de acudir a la Justicia.
“Aprobar una ley sin importar lo que se destruya en el camino. Aprobar una ley a cualquier costo. Esa parece haber sido la consigna que atravesó todo el proceso de modificación de la Ley 1355, marcado por una sucesión de hechos que erosionan la institucionalidad democrática y profundizan la desconfianza ciudadana”, reza el comunicado.
Y sigue: “El primer episodio tuvo lugar en el ámbito legislativo, durante el tratamiento en comisión. Una reunión que había ingresado formalmente en cuarto intermedio fue retomada de manera irregular luego de que la presidenta de la Comisión se retirara del recinto. En su ausencia, cuatro legisladores -Miriam Martínez, Juan Carlos Pino, Agustín Coto y Gisela Dos Santos- decidieron levantar el cuarto intermedio y aprobar un dictamen ilegítimo.
El acta de aquella reunión no apareció durante meses, y cuando finalmente salió a la luz, lejos de aclarar el procedimiento dejó en evidencia un nuevo bochorno institucional: un escrito que no cumplía con las pautas formales básicas, presentado únicamente luego de un amparo judicial. El costo político e institucional de este accionar fue alto. Ante la falta de respeto y el vaciamiento de su rol, la legisladora María Laura Colazo presentó su renuncia indeclinable a la presidencia de la Comisión N° 3.
El segundo episodio vergonzoso tuvo como protagonista a la Ministra de Producción y Ambiente. Conociendo de antemano que el dictamen del Consejo Provincial de Medio Ambiente (CPMA) sería contrario a los intereses de las empresas salmoneras y de autoridades de convicciones fluctuantes -muchas de las cuales hoy avalan la salmonicultura y hace cinco años celebraban su prohibición-, la ministra avanzó en la suspensión arbitraria de la reunión del Consejo, pese a que dicha atribución corresponde exclusivamente a la Secretaría de Ambiente.
Sin embargo, la reglamentación del CPMA es clara. La entonces secretaria de Ambiente, consciente de su responsabilidad institucional, convocó y sostuvo la reunión, que finalmente se realizó conforme a la normativa vigente. En ese ámbito, el CPMA aprobó un dictamen contundente solicitando la plena vigencia de la Ley 1355, que prohíbe la producción de salmones en mares, ríos, lagos y lagunas de la provincia, y lo remitió formalmente a la Legislatura Provincial.
Lejos de ser escuchado, este posicionamiento técnico e institucional tuvo consecuencias alarmantes. Con tristeza -más que sorpresa- se conoció posteriormente la renuncia de la Lic. Andrea Bianchi a su cargo de secretaria de Ambiente y de la Lic. Ayelén Boryka a la Subsecretaría. Ambas profesionales se caracterizaron por su responsabilidad, ética y solvencia técnica, y fueron capaces de sostener sus informes contrarios a la modificación de la Ley 1355 con argumentos científicos, técnicos y normativos. Su salida constituye otro golpe a la ya debilitada institucionalidad ambiental de la provincia.
La modificación de la Ley Provincial N° 1355 no solo implica un retroceso en materia de protección ambiental, sino que además se construyó sobre una serie de contradicciones técnicas, jurídicas e institucionales que fueron advertidas de manera explícita por los propios organismos ambientales del Estado provincial.
La sociedad fueguina ya demostró que no se resigna. Esto no termina acá: empieza una nueva etapa de organización, de acción judicial y de construcción de memoria para que este atropello no se repita”.