Por profundas diferencias en la estrategia jurídica para revertir la intervención del puerto de Ushuaia los que integran la Fiscalía de Estado se excusaron de actuar. Aconsejan al Gobierno designar a un subrogante, con suma urgencia.
USHUAIA.- El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, envió una nota al Gobernador señalando que ni él ni ninguno de los profesionales que integran la Fiscalía de Estado actuarán en la demanda que el Gobierno inicio contra el Estado Nacional por la intervención en el puerto de Ushuaia y solicitó que de manera urgente sea designado un “subrogante” o un Fiscal de Estado “ad hoc”.
Martínez de Sucre señala en su escrito que la decisión de apartarse en las actuaciones se debe a las “discrepancias sustanciales respecto de la oportunidad de la presentación, el órgano que debía promoverla y el acto contra el cual debía dirigirse con carácter previo a la intervención material”.
En el escrito, Martínez de Sucre señala que “si bien existieron contactos e intercambios informales con el organismo sobre la cuestión, el desarrollo de las actuaciones avanzó en un marco de discrepancias sustanciales respecto de la oportunidad de la presentación, el órgano que debía promoverla y el acto contra el cual debía dirigirse con carácter previo a la intervención material. Con posterioridad, tales divergencias también se manifestaron en relación con quién debía iniciarla, ante qué tribunal y cuál debía ser su objeto”.
Expresa que, “en consecuencia, las marcadas diferencias entre los lineamientos jurídicos propiciados por esta Fiscalía de Estado, la inacción del ente autárquico y luego la acción impulsada por el Poder Ejecutivo constituyen, en esta instancia, una circunstancia que impide asumir la representación procesal de la Provincia sin apartarse del criterio jurídico que este organismo estimaba procedente”.
Puntualiza que, “aún compartiéndose la necesidad de neutralizar la medida cuestionada, la divergencia en cuanto al modo de abordarla impide sostener la coherencia estratégica indispensable para la adecuada defensa de los intereses comprometidos en el proceso judicial iniciado”.
En otro tramo de su escrito destaca que “diversas cuestiones vinculadas a las actuaciones presentan conexidad con materias actualmente bajo investigación por este organismo, lo que comprometería el ejercicio de una defensa técnica plena respecto de determinados fundamentos de la medida adoptada por la Agencia Nacional”.
“Por ello, y sin perjuicio de la anuencia formulada por el suscripto en la causa respecto de la legitimación del Sr. Gobernador para promover la acción en los términos en que lo ha hecho -adjuntándose copia del escrito que se presentará a la brevedad—, y con el objeto de no comprometer la posición de la Provincia frente a la grave afectación de sus intereses por parte de la ANPyN, corresponde habilitar los mecanismos previstos en la Ley Provincial N° 3, despejando de manera inaplazable la supuesta falta de personería invocada”.
Para cerrar indica que, “en atención a estas razones, y a fin de resguardar los intereses del Estado Provincial, así como la coherencia y responsabilidad institucional de este organismo en el asunto, me veo en la obligación de hacer saber al Sr. Gobernador la indeclinable excusación del suscripto y la de los restantes agentes de la Fiscalía de Estado de ejercer la representación procesal de la Provincia en las actuaciones judiciales referidas, debiendo designarse de manera urgente un Fiscal subrogante o «ad hoc» que reúna las condiciones establecidas en el art. 6° de la Ley Provincial N° 3, a fin de evitar cualquier intento de bloquear la acción por defectos en la personería, a fin de que el mismo proceda a ratificar lo actuado”.