Por presunta mala conducta, morosidad, negligencia reiterada y arbitrariedad manifiesta, el abogado Antonio César Petkos pidió al Consejo de la Magistratura el inicio de un jury de enjuiciamiento al juez del Superior Tribunal.
USHUAIA.- El abogado Antonio César Petkos presentó una denuncia de juicio político contra el juez Ernesto Adrián Lóffler, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, por presunta mala conducta, morosidad, negligencia reiterada y arbitrariedad manifiesta.
La presentación se hizo ante el Consejo de la Magistratura, conforme a lo previsto por la Ley Provincial 525 y el artículo 162 de la Constitución Provincial.
Según el escrito, el magistrado habría incurrido en diversas conductas que comprometerían su imparcialidad y afectarían la independencia del Poder Judicial fueguino.
Entre los puntos centrales de la denuncia, Petkos acusa a Löffler de prejuzgamiento, al sostener que el juez emitió opiniones públicas contrarias a la reforma constitucional antes de intervenir en causas relacionadas con ese proceso.
También plantea un vínculo familiar directo con el legislador Damián Löffler, hermano del magistrado, quien votó en contra de la reforma, lo que, según el denunciante, compromete su imparcialidad.
La presentación, además, señala retardo malicioso en la tramitación de causas consideradas de alta relevancia institucional, como los expedientes “Lechman” y “Rossi”, así como hostilidad funcional hacia el Poder Ejecutivo y su órgano asesor. A esto se suma la supuesta falta de excusación del magistrado en procesos donde, de acuerdo con el denunciante, su intervención estaba objetivamente comprometida.
El documento incluye pruebas documentales, declaraciones públicas, resoluciones judiciales y reportes periodísticos que, según Petkos, respaldan las acusaciones. Asimismo, se indica que el propio Superior Tribunal de Justicia habría apartado a Löffler de algunas causas por pérdida de imparcialidad.
En su presentación ante el Consejo de la Magistratura, Petkos solicita el enjuiciamiento y la remoción del magistrado, argumentando que su conducta “afecta gravemente los principios republicanos, la división de poderes y la confianza pública en la independencia judicial”.