El juez de Instrucción Daniel Cesari Hernández resolvió la situación procesal de Diego Videla, el sujeto de 34 años que en mayo del año pasado fue acusado por su expareja de haberla violado. La mujer debía tener custodia policial en su vivienda, la cual no estaba, situación que le costó el puesto al comisario Marcelo Guerrero.
RIO GRANDE.- El juez de Instrucción Daniel Cesari Hernández resolvió la situación procesal de Diego Videla de 33 años, sujeto detenido el 16 de mayo del año 2017 cuando habría reincidido en episodios de violencia contra su expareja.
Videla ya tenía una condena por violencia de género a pesar de lo cual fue dejado en libertad, siendo denunciado por su exmujer por continuos acercamientos.
La Justicia dictó una custodia policial permanente y desde la comisaría Quinta se implementó con la víctima un sistema de custodia que se levantaba cada vez que salía de su casa.
Aquella tarde de mayo, la joven retornó a su vivienda y no llegó a dar aviso cuando Videla ya estaba esperándola en la vivienda. Lo que siguió a continuación fue detallado por la víctima como una charla, tras la cual el imputado la habría abusado sexualmente, a pesar de su negativa.
Por este episodio Videla estuvo detenido cumpliendo la condena anterior, y recién la pasada semana se resolvió su situación procesal imputándose el “abuso sexual agravado por acceso carnal” agravado asimismo en la ley de Violencia de Género.
Videla continuará detenido con prisión preventiva impuesta en este mismo fallo.
Secuela judicial
Este caso tomó repercusión porque precisamente el manejo que se hizo de la custodia de esta mujer fue la causa que le costó la remoción del puesto, como jefe de la comisaría Quinta, al comisario Marcelo Guerrero, quien tomó notoriedad como el “Comisario WhatsApp”, a raíz de la implementación de este sistema de redes sociales como modalidad de prevención vecinal.
Guerrero sigue desplazado de sus funciones a casi un año de lo sucedido, mientras en las próximas semanas debería resolverse su situación procesal en relación a la causa que se le inició por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.