Investigan si un empleado infiel de la AREF facilitó información en un juicio contra el Estado. Se trata de un plano de mensura que un agrimensor de Ushuaia utilizó como prueba para reclamar tierras provinciales en un juicio de usucapión.
USHUAIA.- La Agencia de Recaudación Fueguina inició una investigación interna luego de que se conociera que un agrimensor utilizó información catastral, supuestamente provista por personal de la institución, como prueba en un juicio de usucapión contra el Estado provincial.
Por medio de funcionarios de la Dirección de Catastro dependiente de la AREF, el caso llegó a la Fiscalía de Estado provincial que la semana pasada dictaminó al respecto, recomendando finalizar la investigación interna para esclarecer la situación y tomar acciones más eficientes en la protección de los datos catastrales que están bajo la tutela del organismo.
En el dictamen 14/25 fechado el 29 de octubre, el fiscal Virgilio Martínez de Sucre detalló que la denuncia ponía en conocimiento la presunta utilización, por parte de un profesional agrimensor, de un archivo digital perteneciente a la Administración para iniciar un trámite de prescripción adquisitiva contra la Provincia.
El documento comprometido era un archivo digital DWG —formato de dibujo asistido por computadora— que contenía un plano de mensura confeccionado por un funcionario de la AREF, como parte de una tarea oficial encomendada para Catastro de la Provincia.
A su vez, el Fiscal recibió por correo la copia de una denuncia penal realizada ante el Ministerio Público Fiscal en relación al mismo hecho, cuyo requerimiento fiscal fue formalizado el 24 de abril pasado ante el Juzgado de Instrucción N° 3 de Ushuaia.
Aunque el requerimiento se concentraba en la imputación contra el agrimensor sindicado por los presentantes, el fiscal aclaró que la investigación debía realizarse sin descartarse la participación de otras personas, en particular, agentes no individualizados de la Dirección de Catastro u otras dependencias. No obstante, el magistrado interviniente rechazó sin tramitar el requerimiento fiscal antedicho, entendiendo que los hechos descritos no constituyen delito.
Con todos los elementos en la mano y en conocimiento que la AREF ya había iniciado una investigación administrativa, el fiscal Martínez de Sucre solicitó al director Ejecutivo que culmine la investigación sumarial en trámite, determine las responsabilidades administrativas derivadas de los hechos que pudieren comprobarse y, en su caso, aplique las sanciones pertinentes.
Asimismo, requirió que, en el marco de sus competencias y en coordinación con las áreas informáticas y jurídicas responsables, «proceda a la elaboración, aprobación e implementación de un Protocolo de Seguridad Informática y de Gestión de la Información Catastral, destinado a garantizar la adecuada protección de los datos y documentos administrados por dicho organismo, entendiendo que los registros catastrales manejan información pública sensible como datos sobre propiedad, ubicación y valuación de inmuebles—, por lo que deben contar con sistemas de seguridad técnica, organizativa y jurídica que garanticen confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información”.
El Fiscal agregó que, “para minimizar el riesgo de que se repita un episodio similar, es preciso que se apliquen medidas no sólo de índole represiva sino ante todo preventiva, de carácter normativo, organizacional, técnico y de auditoría”.
Entre esas medidas, sugirió clasificar la información catastral en sus distintas instancias de generación según niveles de sensibilidad, como pública, restringida, confidencial o secreta, con reglas claras y registros de trazabilidad donde quede registrado quién accede, cuándo y con qué propósito.
También propuso la creación de un manual de gestión de la información catastral y normas de confidencialidad y ética específicas y recomendó adecuarse a las disposiciones en materia de protección de datos personales, firma digital y expediente electrónico
“En estos tiempos ya es necesario que la seguridad informática y de infraestructura incluya ciertas pautas básicas, como control de accesos y cifrado de archivos y bases de datos sensibles para dificultar extracciones indebidas», sostuvo Martínez de Sucre.
“Las áreas técnicas deberían plantearse también si no resulta recomendable el bloqueo de dispositivos externos a fin de limitar el copiado en pendrives, discos externos a envíos por correo sin autorización, o el empleo de plataformas seguras de intercambio, de modo de desalentar las entregas físicas o informales”.
“En suma, una cuidadosa planificación de la seguridad informática es fundamental para prevenir y mitigar los efectos de la filtración no autorizada de información; la diligencia en su gestión demuestra responsabilidad institucional y credibilidad del organismo frente a los ciudadanos”, concluyó.