La nueva ley establece un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución. La sanción de esta ley había sido pedida por el Gobierno, que considera que funcionará como herramienta para atraer inversiones.
BUENOS AIRES (NA).- El Senado aprobó con 43 votos a favor y 15 en contra la ley que establece un régimen de participación público privada para desarrollar obras de infraestructura.
El Senado aceptó las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y lo aprobó en segunda revisión.
Los 15 votos en contra correspondieron a una parte del PJ-FPV y a Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, mientras que Mario Pais, también del PJ-FPV, y Lucila Crexell, del Interbloque Federal, se abstuvieron.
La nueva ley establece un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución.
Además, permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación “también puedan ser contratistas”, en competencia con las de capital privado. El proyecto había sido modificado por el Senado pero Diputados le hizo nuevos cambios, entre los que se destaca un agregado que fija que los contratos deberán contemplar un 33 por ciento de participación de bienes y servicios de origen nacional.
La sanción de esta ley había sido pedida por el Gobierno, que considera que funcionará como herramienta para atraer inversiones.
“Uno de los desafíos más grande que tenemos nosotros y el Gobierno es generar empleo y con ese motivo estamos acompañando la sanción de esta ley”, evaluó el oficialista Alfredo Martínez, quien también destacó que “el Senado introdujo 30 modificaciones y otras 30 Diputados”.
A su turno, la puntana Liliana Negre de Alonso, del Interbloque Federal, resaltó que la primera vez que el proyecto se votó en el Senado ella propuso “modificaciones concretas” pero se las negaron y agregó: “Parece que tan errada no estaba porque la Cámara de Diputados hizo lo que podríamos haber hecho nosotros”.
El sanjuanino Roberto Basualdo, también del Interbloque Federal, sostuvo por su parte que “la iniciativa refiere a uno de los hechos más importantes para la creación de empleo por parte del Estado” y pronosticó que ayudará a “la reactivación de la economía y la obra pública”.
En cambio, Solanas fue uno de los más críticos al plantear que “es una ley de la derrota nacional” porque “ratifica de nuevo el Estado bobo, aquel que se endeuda y se queda sin beneficios, solo con daños y con deuda”.
“Es una ley típica de un país que ha venido profundizando el modelo de neocolonización y extractivismo económico”, sostuvo el senador por la Ciudad de Buenos Aires durante su exposición en el recinto.
