BUENOS AIRES (NA).- La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer ayer su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un “negocio privado” desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la “estafa” a miles de inversores pudiera consumarse, e instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.
El documento, de 204 páginas de extensión y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y dio cuenta de que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias financieras previas muy similares con criptomonedas.
En ese sentido, el informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que “la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación”, al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.
Para los diputados opositores que fueron parte de la redacción del documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP), “las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.
Los legisladores no dudaron en caracterizar lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.
“Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, señalaron, y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, “pese a que dicha información no era de circulación pública”.
Según denunciaron, el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.
También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.
En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de “incumplimiento de deberes” ya que “su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión”.
“Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en las consideraciones finales.
“La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron los diputados opositores.
La reunión de ayer fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, que se había creado como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.
Milei quiere Boleta Única en todas las provincias
BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno de Javier Milei busca que los gobernadores impulsen el debate por la Boleta Única de Papel (BUP) en aquellas provincias en las que todavía se llevan adelante elecciones con papeletas múltiples, como parte de las negociaciones por el Presupuesto 2026.
En las recientes reuniones para negociar la “ley de leyes”, Nación incluyó en el menú el pedido a las provincias para que “acompañen con la baja de impuestos y ayuden a instalar desde el territorio la BUP” en los distritos donde todavía no se adoptó ese sistema, que tuvo buena recepción tuvo tras su estreno en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Se aguarda que, dentro de poco, la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, convoque a los presidentes del partido de cada provincia a una reunión nacional con la intención de centralizar la estrategia para avanzar con la BUP.
El siguiente paso será el de convencer a los oficialismos provinciales para que debatan el tema en las Legislaturas de cada provincia para modificar los sistemas electorales existentes.
Se prevé una negativa en el caso de la provincia de Buenos Aires, gobernada por el opositor Axel Kicillof, quien criticó el sistema del BUP y consideró que la votación con las boletas múltiples, que se utilizó en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, no generó críticas negativas.