Rosana Bertone: “Quizás es una solución a una zona que necesita más presencia del Estado”

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En diálogo con El Sureño, la gobernadora Rosana Bertone alentó la posibilidad que la Margen Sur se convierta en una intendencia, señalando que si tuvieran una representación propia “tendríamos otro acto con quien discutir” sobre las necesidades que tienen las miles de familias asentadas en barrios que están en proceso de regularización.

USHUAIA.- En su despacho de Casa de Gobierno, la Gobernadora abordó, con un periodista de El Sureño, varios asuntos que hacen al eje de gestión, que son prioritarios y que están relacionados con mejorar los servicios a la gente, sobre todo el relacionado con el abastecimiento de gas por red, para lo cual se ha tomado una decisión política clave en el sector de Andorra, para invertir más de 25 millones de pesos en realizar la obra de tendido de red domiciliario.
El Sureño: ¿Sobre la Margen Sur, cuáles son las acciones planificadas para este año para la regularización de los terrenos?

Gobernadora Rosana Bertone: Todo lo que nosotros podamos hacer en cuanto a regularización lo vamos a seguir proyectando. Hubo mucho trabajo de la Legislatura anterior en cuanto a los regímenes de expropiación. Hay algunas que las lleva adelante el Fiscal de Estado y otras que ya están concluidas,. También hay un trabajo muy importante del IPV en mensurar y mucha colaboración de los vecinos, con quienes hemos mantenido conversaciones que muchas veces han sido muy duras en el sentido que necesitamos, para ingresar en los programas nacionales e internacionales de financiamiento, sostener la cantidad de vecinos que viven y no que en forma permanente haya rotación y que haya permanentes ocupaciones. Los vecinos han comprendido, se ha trabajado muy bien y hay un trabajo muy importante de la Policía resguardando lotes que ya son del Instituto Provincial de la Vivienda.

Algunas expropiaciones están pendientes de resolver por denuncias sobre lo que se pagó y de la metodología usada para llevarla adelante. Hay cuestiones civiles y otros penales. El Fiscal de Estado tiene participación activa en todo ello por lo que se va a poder resolver.
ES: ¿Y cuál es su posición respecto a municipalizar la Margen Sur?

GRB: Hay presentaciones de vecinos que no son nuevas, que vienen de vieja data. Quizás es una solución a una zona que necesita, desde mi punto de vista, tener más presencia del Estado. Nosotros estamos próximos a inaugurar la comisaria, queremos brindar más servicios bancarios, queremos otros centro de atención de salud, otra escuela. Realmente hay que poner más la mirada del Estado. Quizás si ellos tuvieran una propia representación, esto consolidaría de alguna manera distinta de dialogar, tendríamos otro actor con quien discutir.

Esta provincia no solo tiene que tener una intendencia. San Sebastián, Almanza, por ejemplo, tienen que ser lugares satélites donde la gente pueda vivir bien. Con planificación, porque es algo que ha faltado. San Sebastián, es un lugar bueno para vivir, se puede ampliar ese ejido, se podría desarrollar en cuanto a lo que el gobierno nacional quiere hacer en los pasos fronterizos.

Quizás es poco lo que yo pueda hacer en cuatro años, pero el que viene ojalá pueda seguir con esa planificación y no realizar entregas desmedidas de terrenos sin servicios, que es algo que se plantea electoralmente y que muchas veces se ve como algo bueno para el vecino pero, cuando transcurre el tiempo, eso no da resultado.
ES: ¿Qué opina de lo ocurrido con el agua potable para los vecinos que se hizo con el PROMEBA y que el Municipio no habilitó?

GRB: Pocas veces he ido a la margen sur, porque no me gusta hacer política con la necesidad de la gente. Yo si puedo brindar una solución la voy a brindar. Si es verdad que si me invitan a una casa particular lo hago, porque me interesa saber cómo viven sin usarlo políticamente. No me gustaría que jueguen con mis propias carencias y creo que hacerlo es algo aberrante.

La gente es inteligente, podrá no tener estudios universitarios algunos, pero saben quién es quién. Puede ser que esto, mirando el lado positivo, posibilite que se hagan las obras que se tienen que hacer y que se pongan a trabajar. Y por otro lado me sirve para que mis funcionarios tengan que dar más respuestas de las que dan habitualmente. Trato de ver en esta confrontación, un lado positivo. Porque la verdad que es algo que no se puede creer.

Nosotros por más diferencias que hemos tenido en el caso de Ushuaia pudimos trabajar muy bien con la Municipalidad en el caso del barrio 11 de noviembre. En un momento de mucha tensión con el intendente Vuoto, lo pudimos hacer y los vecinos no fueron rehenes de esa situación. En este caso debería pasar lo mismo y creo que no es una cuestión del intendente Melella, sino de la poca experiencia que tienen quienes están hoy en cargos designados.
ES: En Ushuaia ¿Cuáles son los sectores en que Gobierno prioriza la gestión?

GRB: Hay dos sectores que queremos priorizar porque vemos la falta de servicios que son Río Pipo, donde tenemos obras de infraestructura para las viviendas del sindicato de ATE con 21 millones de pesos, para que puedan tener gas por red y licitando pavimento; y en el Valle de Andorra. Trabajamos mucho en esa zona recibiendo los reclamos de los vecinos, donde estamos terminando una comisaría, un colegio secundario que inicio la gestión anterior y que pensamos que debe ser una escuela técnica.

Tenemos también la red de gas, para que sea tendido en toda la zona, obra que en su momento no fue aprobado porque la posición de la anterior gestión era que las instalaciones en los barrios debían ser a costa de los vecinos. Nosotros hemos recibido el proyecto que inicialmente había presentado el contratista, son montos importantes (unos 26 millones de pesos), por lo que hay que hacer un nuevo llamado a licitación y será financiado con recursos del fideicomiso austral. En esa zona vive mucha gente, desde hace muchísimo tiempo, donde ya hemos llegado con la red troncal y falta a ser la obra de red de distribución interna.
ES: ¿Hacer el tendido de red de gas domiciliario es entonces una decisión política ya tomada?

GRB: Es una decisión política que se ha tomado con el equipo de trabajo. Siempre creo que en tema del gas vamos atrasados, en una demanda de aproximadamente seis mil vecinos, teniendo en cuenta obras a través de fideicomisos, los inversores privados y las industrias. Estamos dando la prioridad en gas industrial en caso de quienes nos garanticen que se generan nuevos puestos de trabajo, ese es el criterio que hemos adoptado y el secretario de obras públicas hace las consultas pertinentes. Si la empresa se compromete a tomar personal nosotros damos el cupo. Y el próximo 22 de febrero se abrirá la licitación para la obra de gas que va hacia la margen sur, que es una ampliación importante, donde hay muchos vecinos en condiciones de acceder al servicio.

Tenemos una situación complicada con YPF en la renegociación con área Magallanes, que empezó muy bien pero cuando nosotros solicitamos por responsabilidad social empresaria una interconexión de dos gasoductos que son de YPF, que nos significaría tener una mayor capacidad, y certeza sobre todo en el invierno. La obra sale 4,5 millones de dólares, la verdad que estamos estancados en este punto y espero que esta discusión no nos lleve a nosotros a tener que revertir el área y licitarla de nuevo, espero que haya una reflexión por parte de las autoridades de la empresa.

Si nosotros podemos obtener que se haga esa conexión de los dos gasoductos, que podamos tener la aprobación del cuadro tarifario por parte de Enargas y que Camuzzi pueda hacer las inversiones que ellos planean, que son 480 millones de pesos; vamos a seguir haciendo obras porque para nosotros es una prioridad el gas por red, por la seguridad que implica para una familia y segundo por el subsidio que nosotros dejamos de cubrir. Hoy afrontamos 400 millones de pesos en subsidios y estimamos que si el gobierno nacional deja de dar el subsidio, vamos a tener que afrontar una suma de 570 millones de pesos.
ES: ¿Le molesta que le cuestionen el origen de los fondos, si son nacionales o internacionales?

GRB: A mí me gusta que la obra esté inaugurada porque el ciudadano después lo valoriza eso. El vecino no piensa de quien dio la plata. Lo ideal sería que esta provincia pudiera tener un nivel de obras razonables dentro de su presupuesto, con fondos propios, pero seguimos con una afectación del 90 por ciento en salarios. En todas las obras del Instituto Provincial de la Vivienda se ha vuelto al viejo régimen que la Nación pone el 70 por ciento y la Provincia el 30 por ciento. Nosotros lo podemos hacer porque el organismo tiene un buen nivel de recupero.

Yo tengo que solucionar los problemas a la gente sea como sea. Sé que hubo una postura en su momento de perder fondos de salud porque los fondos nacionales son con programas de financiamiento internacional. Yo si el país toma esa decisión y los demás gobernadores de la Argentina lo aceptaron, porque no lo voy a hacer. Todo fondo que yo vea, así sea un millón o 400 millones de pesos, lo voy a tomar, porque esta provincia necesita de una reconversión de obras, en las más básicas, como son escuelas y centro de atención de salud, pero también necesita de nuestros puertos y aeropuertos.
ES: ¿En Río Grande se planifican nuevas soluciones habitacionales, con la ley de emergencia?

GRB: A la ley de emergencia menos mal que no le sacaron trámite de urgencia porque hubieran sido muchos los vecinos perjudicados. Hubo una compresión por parte de los Legisladores, respecto a la necesidad de la misma que fue una iniciativa que surgió de una sugerencia del gobierno nacional de rastrear terrenos dentro del ejido urbano para no irnos hacia lugares donde no hay redes de infraestructura básica que después no salen siete veces más que cuando ya tiene los servicios. Así fue que encontramos 25 hectáreas en Río Grande y en esta primera etapa vamos a tratar de urbanizar doce hectáreas. Son terrenos del Estado Provincial que transferimos al IPV para que puedan presentar licitaciones de obras, en algunos casos serán edificios, en otros serán dúplex. Vamos a necesitar del Concejo Deliberante una ayuda para que el Instituto pueda tener en algunos casos, excepciones al código urbano que tiene la ciudad de Río Grande.

El Sureño y un mano a mano con la gobernadora Rosana Bertone.