Qué cambiará después del decreto

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El decreto anunciado por el presidente Fernández llega en un momento clave. En la provincia más de 7 mil personas firmaron una petición para que se mejoren los servicios de internet y se abaraten los costos. Pero realmente, ¿cómo repercute en los usuarios el que se declare como servicios esenciales a las telecomunicaciones y videocable? La licenciada Paula Catá explicó qué pasará a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En Tierra del Fuego se revisará especialmente el nivel de inversión realizado por las prestatarias para garantizar la calidad del servicio, que está entre los más caros del país.

RIO GRANDE.- Mientras la Bicameral nacional lo avala y las principales empresas de telecomunicaciones protestan, el DNU anunciado por el presidente Alberto Fernández sigue en marcha. La delegada provincial de Ente Regulador de Comunicaciones, ENACOM explicó cuáles son las repercusiones para los usuarios de la provincia. El DNU 690/20 establece como servicios esenciales a la telefonía celular, fija, Internet, televisión paga; y congela los aumentos de tarifas hasta fin de año.

“El DNU principalmente lo que viene a hacer es restablecer un derecho. Este había sido adquirido por la Ley Argentina Digital 27.068 y que como una de las primeras medidas el presidente Macri había derogado. Porque nosotros teníamos ese derecho del servicio universal de las telecomunicaciones desde esa ley en 2014”, explicó la licenciada Paula Catá, delegada de ENACOM.

En cuanto al congelamiento de tarifas, recordó que había sido en principio hasta el 31 de agosto y sólo fue extendido hasta el 31 de diciembre: “Esto tiene que ver con proteger a la gente que está pasando una situación muy mala, muchos usuarios se quedaron sin trabajo o vieron muy mermados sus ingresos en este tiempo de pandemia. Así que esto viene a aliviar un poco el bolsillo de todas estas personas y es una medida que se lleva adelante solo durante este contexto. Pasado el 31 de diciembre el DNU establece que ENACOM, como ente regulador, va a tener que sentarse con cada una de las empresas prestatarias de telefonía fija, internet, telefonía móvil, y videocable. Las empresas van a tener que anunciar con anticipación sus aumentos al ente regulador y explicar, argumentar, la razón de sus aumentos”, indicó Catá.

El decreto tal como se lee en el Boletín Oficial declara a los servicios de telefonía, internet y TV paga como esenciales, y la polémica recién comienza.

Estos aumentos van a tener que ser fundamentados según los costos que cada empresa tiene para funcionar: “Una empresa más grande tendrá costos más altos, por ende una tarifa más alta. Pero tiene que ver con las inversiones que cada empresa lleve adelante, con los contextos macroeconómicos, índices inflacionarios, la situación de los trabajadores en el país. En función de eso, ENACOM va a autorizar o no un aumento por parte de las empresas·, dijo la delegada.

Esto busca que los usuarios cuenten con una mayor previsibilidad. Es decir, que las empresas no van a aumentar todos los meses las tarifas de sus servicios como se ha hecho hasta ahora en muchas compañías o sin aviso previo. En este caso, el aumento de tarifas deberá anunciarse con 60 días de anticipación a través de una notificación fehaciente. “Esto implica que el usuario va a poder tener un aumento acorde al contexto”, sostuvo Catá.

Otro de los requisitos para aprobar la actualización de tarifas será demostrar el nivel de inversión realizado por cada compañía en cada provincia: “Por ejemplo, en Tierra del Fuego la compañía mayoritaria que es Telefónica, sinceramente desconozco si ha hecho todas la inversiones que hacían falta para poder poner la calidad de máxima que necesitamos. Las tarifas de estos servicios han aumentado entre un 10 y un 25% por sobre la inflación, y la red necesaria para garantizar el acceso a conectividad no ha crecido en igual proporción. Entonces, eso lo va a tener que informar cada compañía y en cada caso poner en consideración qué es lo que hay que hacer para tener un servicio de Internet de calidad”, remarcó la licenciada.

Mientras las empresas prestatarias más grandes del país presentaban una carta de protesta, la Comisión Bicameral que tiene a cargo los DNU avalaba la decisión presidencial.

Mucho se ha dicho acerca del anuncio. Las empresas de telecomunicaciones más grandes en el país afirmaron que esta medida irá en detrimento del servicio que recibirán los usuarios: “Esto es para preponderar el cuidado del usuario sobre la ganancia mayoritaria que han tenido durante este tiempo las empresas. Nosotros pagamos un abono muy alto en relación de los servicios que recibimos.

Por ejemplo, pagamos una determinada calidad de conectividad y recibimos otra, mucho menor”, sostuvo Catá. Y agregó: “esto no significa que la inversiones se tienen que suspender. El organismo ENACOM está ofreciendo muchísimos programas para todas las empresas, para acompañar desde el Estado las inversiones”.

Finalmente, la delegada provincial de ENACOM remarcó: “También se contempla la posibilidad de establecer una tarifa social para que las personas de bajos recursos puedan acceder a un paquete mínimo de estos servicios esenciales. Esto también será acordado con las empresas”.