Fue promulgada la ley 1270 que establece un jurisdiccional para compras y contrataciones especial, autorizando la ejecución de gastos al Ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, sin que deba intervenir la Gobernadora.
USHUAIA.- Para facilitar compras y contrataciones directas, evitando demoras en controles previos por parte del Tribunal de Cuentas, se dispuso por un año más la emergencia en el sistema sanitario de la provincia, medida que abarca a todas aquellas necesidades que deban ser atendidas en los Hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Así lo dispone la ley 1270, promulgada por Decreto 11/19; mediante el cual rige un jurisdiccional para compras y contrataciones especial, autorizando la ejecución de gastos al Ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, sin que deba intervenir la Gobernadora.
Además, la ley cuenta con un articulado por el cual el Ejecutivo queda facultado a prorrogar la emergencia por un año más, sin necesidad de que sea sancionado un nuevo proyecto por parte de la Legislatura.
Jurisdiccional
Para la contratación directa, existe monto máximo: 2 millones de pesos; para licitación privada, el monto máximo es de 8 millones de pesos y mismo monto máximo para licitación pública.
La ley establece que el Ministerio de Salud ejecute un Plan Director de Infraestructura para la refuncionalización, mejoramiento y ampliación de los hospitales regionales y Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas.
Las obras públicas nuevas y ampliaciones edilicias pueden ser contratadas mediante el procedimiento de licitación privada en virtud de las razones excepcionales declaradas en la ley de emergencia o de manera directa, hasta las sumas indicadas en el jurisdiccional de emergencia, creado a tal efecto.
En los Hospitales se pueden realizar contrataciones directas para bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso.
En el caso del llamado a licitaciones públicas, se habilita un procedimiento de excepción por el que se abrevian los plazos para la contratación de las obras públicas de ampliación de infraestructura edilicia.
