Organizaciones de exsoldados conscriptos combatientes elevaron una carta al presidente Alberto Fernández en la que reclaman el acompañamiento del Estado en la causa que tramita a Río Grande y que involucra más de 120 hechos y 95 militares sindicados como presuntos autores de violaciones a los derechos humanos.
USHUAIA.- Un colectivo de organizaciones que nuclean a exsoldados conscriptos combatientes en la Guerra de Malvinas, elevaron un petitorio al Presidente de la Nación Alberto Fernández, en el cual solicitaron “la imperiosa y urgente presentación de la Secretaría de DD.HH de la Nación como querellante en la causa 1777/07 sobre imposición de torturas radicada en Río Grande, para que el Estado Nacional acompañe a las víctimas que reclaman justicia en hechos ocurridos hace casi 40 años”.
El petitorio fue presentado por la denominada Mesa de Coincidencias Malvinas (MECOMA).
Cuya mesa ejecutiva está integrada por representantes de diferentes organizaciones de exsoldados combatientes del país, entre los que se encuentran Blasa Reyes Lobos, Aldo Leiva, Gustavo Pirich, Miguel Mansilla, Jorge Di Pietro, Carlos Catrilef, Juan Lavorato, Juan José Fernández, Gustavo Bellido y Ernesto Alonso.
En la extensa carta además, los excombatientes reiteraron el pedido de “derogación del decreto741/2017, que la gestión de Mauricio Macri modificó en la integración de la Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas, organismo que depende del Ministerio del Interior, incorporando por primera vez desde su creación en 1994 al personal militar”.
“Necesitamos volver al espíritu del decreto 542 de 17/4/2012 donde la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner la normaliza y pone cada cosa en su lugar, el ámbito civil en el Ministerio del Interior y el ámbito militar en el Ministerio de Defensa”, dice la misiva.
“Este decreto incumple la Ley 27372, Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y de Violaciones a los DD.HH., que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas y que en este caso se vulneran ya que banaliza la existencia que aún persiste entre la subordinación de la víctima y el supuesto autor del delito. El Estado ha dejado a los exsoldados conscriptos sin esa herramienta fundamental que desde 1994 posibilitó la interacción con distintas agencias estatales en la resolución de problemas”, agregan las organizaciones.
“Sr. Presidente, la vara de las políticas de defensa de los DD.HH. lograda por el pueblo argentino es muy alta, es por ello que en esta ocasión le solicitamos que el proceso de Memoria, Verdad, Justicia incluya definitivamente también a los que sufrieron la tortura en Malvinas defendiendo la soberanía con los valores culturales e históricos de nuestro pueblo”, destacan.
Por último afirman que “A casi 40 años de la Guerra de Malvinas, las instituciones de la Democracia tienen una asignatura pendiente de estos hechos que son inocultables”.
Es por ello que le solicitamos considere esta petición de los puntos mencionados para que se efectivice una política de estado que también contemple a un colectivo que sufrió las consecuencias del terrorismo de Estado”.