Ubicada en el centro del mapa bicontinental del país y dentro de la reserva de pesca más grande y deseada del mundo, Tierra del Fuego se erige como la puerta natural a la Antártida con una importancia geopolítica estratégica que signó su destino como el último Territorio Nacional en provincializarse. Su historia está atada a los vaivenes políticos de los gobiernos centrales y aún hoy, a 32 años de su descentralización, sigue cargando con el estigma del Territorio Nacional.
Para comprender por qué Tierra del Fuego fue el último Territorio Nacional en provincializarse es necesario recordar que los “Territorios Nacionales” fueron un tipo de entidad política centralizada, a través de las cuales la Argentina inició su proceso de expansión territorial, luego de sancionadas las Constituciones de 1853 y 1860. Ese proceso de expansión se hizo sobre tierras ocupadas desde tiempos inmemoriales por los pueblos indígenas, que fueron masacrados y dominados con el consentimiento del Estado durante décadas para lograr ese objetivo. Asimismo, esos territorios también eran disputados por naciones extranjeras que, como la Argentina, transitaban su organización política.
Estos territorios nacionales dependían del poder central, sus gobernantes eran elegidos en Buenos Aires, por lo cual sus habitantes no tenían autonomía para decidir su destino, precisamente porque el Estado los consideraba “habitantes” en lugar de “ciudadanos”.
Esto significa que quienes habitaron los territorios nacionales carecieron de derechos políticos plenos desde 1884, fecha de creación de los territorios, hasta el momento mismo en que lograron su provincialización.
La última provincia
La Ley Nº 1532 de Territorios Nacionales fue sancionada el 16 de octubre de 1884 y estableció las jurisdicciones de todos los Territorios Nacionales del país. Así se constituyeron diez, que en total sumaban una superficie mayor de la que abarcaban las provincias. En la región pampeana y la Patagonia se crearon Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. En la región nordeste de Argentina se crearon los territorios nacionales de Misiones, Formosa y Chaco. En la región noroeste se creó el territorio nacional de Los Andes.
En 1943 el territorio nacional de Los Andes fue disuelto y sus tierras fueron repartidas entre las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta. En tanto Tierra del Fuego se convirtió en una Gobernación Marítima. Luego, entre 1951 y 1955, el presidente Juan Domingo Perón provincializó los nueve territorios restantes, creándose ocho provincias: Chubut, La Pampa, Formosa, Misiones, Neuquén, Patagonia, Tierra del Fuego y Río Negro. Pero en 1956, con el derrocamiento de Perón el gobierno de facto anuló la creación de la Provincia de la Patagonia y se dispuso la creación de la provincia de Santa Cruz y la recreación del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur.
Finalmente, el 26 de abril de abril de 1990 el Congreso sancionó la Ley Nacional Nº 23.775 de Provincialización de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hasta entonces el último de los Territorios Nacionales.
Al año siguiente, luego de convocar a elecciones de convencionales constituyentes, se reúne la Convención Constituyente en Ushuaia que redacta la Carta Magna Provincial. La jura se efectúa el 1º de junio de 1991 y en diciembre se realizan las primeras elecciones de autoridades provinciales.
Habitantes sin derechos
En su libro “Ciudadanía restringida para los territorios nacionales: contradicciones en la consolidación del Estado Argentino, Martha Ruffini sostiene: “El Congreso Nacional tenía un pensamiento claro acerca de que la legislación debía prevenir la emergencia de futuros conflictos. Recordemos que la unificación nacional era reciente y se había realizado sobre la base de años de luchas fratricidas en las que se enfrentaron tendencias por momento irreductibles. El momento político del roquismo, coalición provisoria de fuerzas cuya lozanía dependía de la reproducción del poder, hacía imperioso preservar la paz interior no sólo por el interés de los sectores dirigentes sino también ante la necesidad de mostrar al mundo una imagen de país ordenado, controlado y administrado eficazmente, sin fisuras.
Por ello se trataba de evitar el surgimiento de “caudillos” que pudieran amenazar el orden vigente. El Estado custodiaría el desarrollo de los territorios hasta que éstos pudieran manejarse solos. Pero en realidad esta afirmación enmascaraba la necesidad de evitar que, en razón de las distancias y por la cercanía inquietante de naciones extranjeras, se erigiera en los territorios un poder independiente que resultara incontrolable para el gobierno central. La sujeción fue asegurada a través de las escasas facultades otorgadas a las autoridades territoriales y la estricta dependencia funcional y financiera del Gobierno nacional, que posibilitaba que el “largo brazo del Estado” controlara hasta las decisiones más nimias.
Las autoridades territoriales compartían -en la letra- una aparente división del poder público. Al modo republicano, el diseño territorial reproducía la clásica división de poderes estipulando un ejecutivo unipersonal (gobernador), un legislativo territorial y local (legislatura y concejo municipal) y un poder judicial también en ambos niveles (justicia letrada territorial y justicia de paz). En la práctica, no sólo las legislaturas no fueron instaladas en los territorios sino que la ambigüedad de las disposiciones ministeriales generaba superposición de funciones entre las autoridades designadas.
Los legisladores no hallaron otra manera de organizar las tierras nacionales que no fuera bajo la figura de los territorios. Crear provincias de la nada era inadmisible, dada la carencia de medios, población y experiencia política previa que ostentaban estos espacios recientemente incorporados a la Nación. Colocarlos bajo la égida del Estado constituía una forma singular de extensión del metapoder estatal y, a la vez, una forma certera de asegurar su reproducción”.
Esta situación que la mayoría de los Territorios del país pudieron romper en 1955 gracias a la provincialización ejecutada por Perón, a Tierra del Fuego le costó 35 años de espera y no hubiera sido posible sin el impulso de un grupo de ciudadanos a través de las instituciones democráticas recuperadas en 1983.