Fueron las declaraciones del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Héctor Stefani, quien presentó un proyecto de ley que modifica integralmente el Régimen Federal de Pesca. Después de haber calificado como preocupante y bochornoso las modificaciones realizadas en la polémica sesión de diputados, Stefani busca que se articulen políticas para que la pesca sea abordada con un plan estratégico a largo plazo.
BUENOS AIRES.- “La pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre U$S1.000 y U$S2.000 millones de dólares”, explica Stefani y agrega: “Esto no se soluciona con una actualización de las multas. Debemos tratar un proyecto, estudiarlo y hacer rentable una actividad que genera miles de millones de dólares para otros países del mundo y acá da perdida”.
“El avasallamiento sobre nuestra Soberanía marítima y fluvial constituye una preocupación sobre un recurso estratégico que tiene que ser abordado inteligente y eficazmente”, sostiene el diputado fueguino y reafirma: “no podemos tomar en serio una ley que ni siquiera pasa por Comisión de Intereses marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Hay que estar a la altura y debatir un proyecto con responsabilidad para generar un pilar económico”.
El proyecto presentado por el diputado Stefani, quién también se desempeñó como director del puerto de Ushuaia, hace hincapié en doblar las multas que propuso el gobierno y establece unidades en base al precio del combustible de CABA. Cuestión que no estaba aclarada (luego el Senado lo corrigió) en el proyecto del ejecutivo, ya que los precios varían en cada distrito.
La ley presentada por el diputado fueguino busca responsabilizar no solo a los armadores y propietarios de los barcos, sino también a los capitanes que incurran en estas faltas. Además prevé la pena de prisión para aquellos casos donde haya antecedentes de multas previas.
También suma políticas sobre lo decomisado. Esta ley pretende que esta mercadería se venda a un 25% del precio del mercado y esos ingresos sean destinados a plantas procesadoras o industrias nacionales que generen valor agregado.
A su vez, establece los montos de las multas sean destinados a la fuerza que capture la embarcación -Prefectura o Armada- y que la aplicación de estas sanciones se efectuen junto a la SIGEN y la AGN en conjunto con la asesoría técnica del INDIEP a fin de evitar cualquier hecho de corrupción.