La norma es reclamada por diversos sectores en todo el país, para que se actualicen los valores de las prestaciones y de las pensiones. El Ejecutivo adelantó que la vetará.
BUENOS AIRES (NA).- Con una holgada mayoría, y pese al rechazo oficialista, la oposición logró ayer darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Durante su intervención, la diputada de la UCR Soledad Carrizo sostuvo que “este sistema de discapacidad está necesitando que todos nosotros nos pongamos a buscar una salida razonable y coherente, para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan”.
Por su parte, la representante de Democracia para Siempre Melina Giorgi consideró que “el equilibrio fiscal no se puede buscar a través del ajuste del sector de discapacidad, las personas con discapacidad tienen derechos y deben ser respetados”.
A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi reclamó que “el colectivo que debe ser asistido por discapacidad reciba lo que merece y que realmente podamos llevar adelante cambios significativos que cambien su vida”.
En tanto, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) alertó que los transportistas que asisten a las personas con discapacidad “no están pudiendo hacer su trabajo porque les pagan 500 pesos por kilómetro”.
“No venimos a echar culpas sino a querer resolverlo. Mi compromiso con la discapacidad que hoy está en emergencia es por el compromiso con los papás que lo único que sueñan es qué será la vida de su hijo cuando no estén”, concluyó el diputado peronista.
Santiago Pauli (La Libertad Avanza) pidió que no se le achaque al Gobierno de Javier Milei esta emergencia en discapacidad.
“Frente a la inflación del 117% del 2024, el aumento fue del 99%. Son 18 puntos porcentuales de diferencia. En cambio, en el 2023 la inflación fue del 211% anual y el aumento que dio el Gobierno de Alberto Fernández fue de 93 puntos. Más de 100 puntos porcentuales de diferencia. ¡La emergencia es toda de ustedes! Es su culpa y no intenten dibujar los datos”, apuntó el fueguino libertario.
“No tienen autoridad moral para plantear ninguna solución porque usaron los recursos para la discapacidad para hacer clientelismo político con personas que no reunían los requisitos, a chantas, a presos, a militantes de ustedes. A mucha de esta gente se la manipulaba y se la obligaba a ir a actos, a hacer campaña”, agregó.
La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones por Discapacidad significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 billones de pesos y $3.627.495.
Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al número de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían registrarse con la nueva ley, señaló la Oficina de Presupuesto.
En tanto, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de $7.160 millones.
En el mismo sentido, y tras alcanzar un acuerdo entre todos los bloques, se aprobó el proyecto de ley por el cual se declara zona de emergencia y en situación de catástrofe durante el término de 180 días a los distritos de la provincia de Buenos Aires, y de Santa Fe, afectados por las inundaciones registradas durante el mes de mayo de 2025. Fue con 196 votos afirmativos, sin negativos ni abstenciones.
Por último, se votó favorablemente con 153 votos afirmativos, 32 negativos y sin abstenciones el proyecto de ley para declarar zona de emergencia y en situación de catástrofe durante el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones registradas en marzo de 2025.