Como todos los miércoles, hubo represión y se registraron momentos de tensión, empujones e incidentes entre los manifestantes y los efectivos de la Policía de la Ciudad.
BUENOS AIRES (NA).- La marcha que los jubilados realizan todos los miércoles se trasladó ayer desde el Congreso a Plaza de Mayo, en una movilización que contó con el apoyo de distintas organizaciones políticas y que motivó un fuerte operativo policial en la zona.
Producto de la intervención de las fuerzas de seguridad el tránsito permaneció cortado durante la tarde en las inmediaciones del Congreso, lo que generó malestar en los automovilistas.
También se registraron momentos de tensión, empujones e incidentes entre los manifestantes y los efectivos de la Policía de la Ciudad.
Los uniformados, ataviados con sus escudos, obligaron a los jubilados a movilizarse sobre las veredas en cumplimiento del protocolo antipiquetes, lo que generó forcejeos y golpes en la vía pública.
La movilización de los jubilados contó con el apoyo de organizaciones políticas como el Frente de Izquierda, el MAS y la UTEP, entre otros.
Con consignas como “Dos millones de personas mueren de hambre en Gaza”, “Israel se queda con nuestra agua” y “Cristina Kirchner libre”, entre otras, los militantes de diferentes organizaciones de base se sumaron a la movilización, que empezó a las 16:00 en el Congreso pero que, pasadas las 17:00, se trasladó a Plaza de Mayo por la Avenida de Mayo.
Los manifestantes lucieron banderas de Palestina, del colectivo LGBTIQ+ y de Ernesto “Che” Guevara, entre otras insignias.
Los jubilados se movilizaron en reclamo de un aumento en los haberes previsionales mínimos y la suba del bono de 70 mil pesos que otorga la Anses, además de la demanda por la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma del año pasado que establecía un incremento para el sector.
La expectativa está puesta también en el último proyecto de aumento de jubilaciones sancionado el 10 de julio por el Senado, una iniciativa para la cual el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días hábiles para concretar el veto, como anticipó el presidente Javier Milei.