La Cámara de Apelaciones confirmó la validez del decreto que deroga el Registro Provincial de Gremios

La sentencia valida lo que determinó el decreto firmado por la gobernadora Rosaba Bertone en abril del año pasado, entendiendo la justicia que “no se vislumbra ningún derecho vulnerado”.
RIO GRANDE.- De ahora en más, todas las extracciones gremiales que no tengan personería y no estén encuadradas dentro de lo establecido en la Ley Nacional N° 23.551, no serán reconocidas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Eso mismo había establecido por el decreto 568/16 firmado en abril del año pasado por la gobernadora Rosana Bertone, que derogó otro de su antecesora -Fabiana Ríos- que creó mediante acuerdo con la CTA, el Registro Provincial de Asociaciones Sindicales.

La derogación, que había sido recurrida ante la Cámara de Apelaciones de la provincia por la Asociación de Profesionales Universitarios Fueguinos del Estado (ASPUFE), fue finalmente confirmada por el órgano judicial de apelaciones.

En su sentencia, la Jueza Josefa Haydé Martín resuelve “rechazar la medida cautelar de suspensión de los efectos del decreto 568/16 solicitada por la parte accionante (el gremio) conforme al análisis efectuado por el Juez Guillermo Penza”.

A la sentencia suscribe en acuerdo el Juez Ernesto Löffler, no así el juez Francisco de la Torre por encontrarse de licencia.

De los antecedentes analizados por la jueza surge que “no emerge la verosimilitud del derecho presuntamente afectado ni en concreto cuál sería el derecho vulnerado”.

Esto se entiende aún más cuando la magistrada expresa que, según el propio gremio, ASPUFE expresó en su fundamentación “se encuentra en juego un derecho constitucionalmente garantizado y recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” pero añade que “la realidad fáctica es que los trabajadores profesionales agremiados no se encuentran amparados bajo ninguna representación gremial”.

Es por esto que la jueza señala que “no logramos advertir o vislumbrar cuál sería el derecho lesionado” y remarca que “atento a que no surge cuál sería el derecho que se encuentra en peligro de ser vulnerado, entendemos correcta la decisión del señor juez (Guillermo Penza)”.