Así lo establece la ley provincial 1135, la cual declara, por el término de doce meses, la emergencia de la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos. La medida tiene por objeto “garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas, como así también asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo”.
USHUAIA.- Un jurisdiccional de emergencia, por hasta 4 millones de pesos para compras directas y por un monto de hasta 10 millones de pesos para licitaciones privadas; tiene facultada la Secretaría General de Gobierno, por un plazo de 12 meses, con la condición de poner en condiciones a todos los establecimientos educativos de manera que el desarrollo de las clases no se vea interrumpido por problemas en los edificios y en los servicios de agua, gas o electricidad.
Mediante decreto 33/17, quedó promulgada la ley provincial 1135, la cual declara, por el término de doce meses, la emergencia de la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos en todas las modalidades y niveles del sistema de gestión estatal.
La emergencia tiene por objeto “garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas, como así también asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo”.
Se consideran prioritarias la ejecución de las obras y reformas necesarias, como así también la adquisición de los insumos necesarios que posibiliten el inicio normal del ciclo lectivo 2017; para ello deberán considerarse especialmente todas aquellas medidas, obras o acciones que hagan al restablecimiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad de los edificios escolares. En particular, las acciones que garanticen el normal funcionamiento de suministro de los servicios básico de electricidad, gas, agua y sanitarios.
Plan de trabajo
La ley indica que se deberá elaborar un plan de trabajo referido a la emergencia declarada, establecer pautas para la reparación, refacción y reacondicionamiento de los edificios escolares de gestión estatal que no cuentan con infraestructura acorde a las normas de seguridad. Esta tarea queda bajo la responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Infraestructura Edilicia.
Las compras y contrataciones de bienes y servicios podrán ser contratadas mediante el procedimiento de licitación privada y de manera directa, para lo cual se establece un jurisdiccional de emergencia. Para la contratación directa, se autoriza un monto de hasta 4 millones de pesos y para la licitación privada, hasta un monto de 10 millones de pesos.
La Secretaria General de Gobierno, a cargo de Javier Marcelo Eposto, está obligada a presentar a la Legislatura un informe a los 45 días de finalizada la emergencia, pormenorizando el total de las obras, gastos y todo otro detalle que corresponda a las obras ejecutadas y/o en ejecución.
