Gustavo Melella expresó su total rechazo a la intervención del puerto de Ushuaia

La medida fue adoptada como resultado de las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores, señalaron desde el Gobierno nacional. El gobernador Gustavo Melella indicó que “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.

USHUAIA.- La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) intervino por 12 meses el puerto de Ushuaia. La medida fue concretada durante la madrugada del miércoles 21 de enero, con la presencia de personal que fue nombrado para llevar adelante la intervención, quienes contaron con la colaboración de integrantes de la Prefectura Naval Argentina.

A través de un comunicado, desde el Gobierno nacional señalaron que la medida fue adoptada como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que operan en el puerto.

En el marco de esas inspecciones, la ANPYN comprobó fallas en la infraestructura portuaria, entre ellas:

-El faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle.

-La presencia de defensas gastadas.

-Problemas en el tablestacado.

-Deficiencias en la carpeta asfáltica.

Asimismo, se verificaron serios compromisos en la gestión administrativa y financiera, como así también en las condiciones básicas de seguridad operativa. Todas estas falencias fueron debidamente informadas a la provincia.

Además, se destaca la falta de un registro de ingresos y egresos de dinero y de compras, cuya administración fue tercerizada por el Gobierno provincial en una empresa que figura como habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas, sin vinculación con la gestión portuaria.

En detrimento de la normativa vigente, que establece que el presupuesto del puerto solo puede ser utilizado para inversiones en el propio puerto, se constató que la administración provincial de Tierra del Fuego destinó un 33% del presupuesto a subsidios de las arcas provinciales, mientras que solo un 1,3% fue utilizado para obras y servicios, afectando la mejora de la calidad de los servicios brindados.

Mientras dure la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación será asistida por la Prefectura Naval Argentina en las tareas destinadas a optimizar las condiciones de seguridad y las tareas operativas. Al mismo tiempo, las principales gerencias continuarán siendo gestionadas por personal fueguino, que cuenta con la capacidad técnica y el conocimiento requerido.

La medida tiene como objetivo ordenar la situación administrativa, financiera y operativa, resguardar la seguridad y el normal funcionamiento del puerto, y garantizar un uso adecuado de los recursos conforme a la normativa vigente.

La intervención se inició a partir de una denuncia sindical y sectorial contra la Ley Provincial 1596, a cargo del secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, tras la creación de un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF) financiado con el superávit del puerto de Ushuaia.

De esta forma, Avellaneda, bajo la supervisión de directores y gerentes de la agencia, estará al frente de la gestión operativa de la terminal portuaria de Tierra del Fuego.

Gestiones de Melella

Tras conocerse la intervención, el gobernador Gustavo Melella expresó su total rechazo a la medida adoptada por el Gobierno nacional, a la vez que reveló que se encuentra realizando gestiones ante el Ministerio del Interior.

En las redes sociales, el Gobernador expresó que “el Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.

Puntualizó que “mantengo diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores” y agregó que “desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego”.

El mandatario también expresó que “las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país”.

Para cerrar, subrayó que “el puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante”.

Enérgico rechazo

Sobre la intervención, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, rechazó enérgicamente la intervención, denunciando que la medida constituye “un acto carente de coherencia jurídica y técnica”.

“La resolución emitida por la autoridad nacional revela una contradicción insostenible y un claro propósito de forzar una intervención administrativa sin fundamento real”, afirmó Murcia, quien fue desplazado del cargo.

“En primer término, se ordena la suspensión de la habilitación del puerto y su intervención en la gestión operativa, técnica y administrativa. Sin embargo, en su artículo 3, la misma resolución suspende la sanción de inhabilitación ‘para no afectar la operatoria portuaria’. Esta incongruencia expone la verdadera intención: no se actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria”.

Murcia destacó que, de existir verdaderas falencias edilicias o de seguridad, la medida lógica y responsable sería la inhabilitación inmediata para garantizar la integridad de las operaciones. “Pero aquí ocurre lo contrario: primero se anuncia la inhabilitación para intervenir, y una vez consumada la intervención, se vuelve a permitir la operación. Esto no es más que un artilugio legal para disfrazar una medida contra una instalación que funciona con normalidad y excelencia”.

El titular portuario remarcó que el puerto de Ushuaia opera con total normalidad, registrando récords de recaladas y cumpliendo con los estándares internacionales más exigentes. “Las principales navieras y líneas de cruceros del mundo eligen Ushuaia porque confían en nuestros estándares de seguridad y servicio. Si hubiera riesgos reales, estas empresas no operarían aquí. La resolución nacional no solo desconoce la realidad, sino que incurre en una extorsión institucional inaceptable”.

Finalmente, Murcia confirmó que “desde la Dirección Provincial de Puertos junto con el Gobierno de la Provincia, llevaremos adelante todas las acciones administrativas y jurídicas necesarias para revertir esta medida que atenta contra la autonomía provincial y el desarrollo económico de Tierra del Fuego. No permitiremos que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”.

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