La pesca extranjera en el Atlántico Sur vuelve a encender alertas por el volumen de recursos extraídos fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina. Especialistas señalan que la actividad, concentrada en la denominada milla 201, provoca pérdidas millonarias y compromete la sustentabilidad de las especies.
USHUAIA.- Un conjunto de embarcaciones pesqueras extranjeras captura cada año alrededor de 250.000 toneladas de especies marinas, principalmente calamar, en áreas próximas a las aguas bajo jurisdicción argentina, según estimaciones de especialistas en pesca del Atlántico Sur.
Las operaciones se concentran en la milla 201, una franja marítima ubicada inmediatamente más allá de las 200 millas náuticas que delimitan la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. En ese espacio, considerado alta mar, las normas nacionales de explotación de recursos no rigen con la misma fuerza que dentro de la ZEE.
Analistas del sector confirmaron la presencia de más de 300 buques extranjeros operando en esa zona, muchos de ellos con licencias británicas otorgadas desde las Islas Malvinas. La actividad convierte a la milla 201 en un área clave para la captura de especies migratorias que se originan en aguas argentinas.
El especialista César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, advirtió que el volumen anual extraído genera un perjuicio económico estimado entre 600 y 1.000 millones de dólares, cifra equivalente al 30% al 50% de las exportaciones pesqueras argentinas de 2024.
Según los especialistas, el principal problema es que las especies, una vez que migran fuera de la ZEE argentina, quedan fuera del control exclusivo del país, lo que facilita su captura por flotas extranjeras sin retorno económico para la Argentina.
Aunque existen mecanismos sancionatorios cuando los buques son detectados, las multas, calculadas en Unidades Pesca, equivalentes al valor de un litro de gasoil, no siempre resultan disuasorias frente a la magnitud del negocio, pudiendo alcanzar, no obstante, cifras millonarias.
El escenario plantea un desafío central para la gestión sostenible de los recursos marinos, que exige mayor vigilancia, cooperación internacional y políticas que permitan preservar tanto la biodiversidad como el valor económico estratégico del Atlántico Sur.