La norma que establece las bases para garantizar la inversión educativa cuenta con dictamen de mayoría de la Comisión de Educación, por lo cual queda en condiciones de ser tratada en la próxima sesión.
BUENOS AIRES.- La Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el diputado nacional Carlos Heller (FdT) analizó el proyecto de ley de financiamiento educativo que establece un aumento de la inversión anual, durante un plazo de siete años, desde el 6% hasta el 8% del PBI.
La diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, se refirió al dictamen de mayoría emitido y señaló: “La educación necesita de una acción concurrente entre la Nación y las provincias mediante convenios bilaterales, por eso la ley sugiere un aumento del presupuesto a un 8% del PBI”.
Además, la legisladora aseguró que “la norma prioriza la inversión” al considerar: “Creemos que hay que poner más recursos para la educación”.
Por su parte, el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, indicó que “firmaron el dictamen pero con disidencia parcial” y en ese sentido se refirió al artículo relativo a la “Responsabilidad fiscal y a la asignación específica sobre recursos coparticipables”.
“El objetivo de la ley es incrementar la inversión educativa y que participe la Nación y las provincias”, manifestó Cacace, pero -aclaró- “no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos si no es por la vía de adhesión o de convenio”.
En la misma línea que su preopinante, desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro pidió “llegar a un acuerdo respecto al esfuerzo que deberían realizar las provincias”.
Luego, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado coincidió con su par al expresar: “La Nación no puede obligar a las provincias a gastar en determinadas cuestiones su presupuesto”.
En tanto, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, ratificó la decisión de seguir debatiendo los puntos en desacuerdo.
Ante algunas disidencias relacionadas con el federalismo el diputado Carlos Heller (FdT), propuso que todas las observaciones se incorporen al dictamen de mayoría de la Comisión de Educación para poder “llegar al recinto en una redacción de consenso”. “Hay 25 firmas para el dictamen de mayoría y 12 firmas en disidencias”, puntualizó el diputado.
Defensa de sindicatos y especialistas
Cabe recordar que el lunes los diputados recibieron la exposición de entidades sindicales y referentes en la temática.
Sonia Alesso, secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), señaló la importancia de la extensión del nivel inicial, incluida en el proyecto. “Es algo que veníamos planteando sistemáticamente en la paritaria nacional docente”, recordó.
“Destacar que las mujeres docentes que cuidamos los hijos de otros pagamos para que nuestros niños y niñas puedan ir a un jardín maternal en condiciones dignas. Y que las mujeres que trabajan tienen un doble o triple trabajo porque, además de trabajar en la escuela y en la casa, tienen a cargo las políticas de cuidado”, agregó.
Alesso también avaló el fortalecimiento de la escuela secundaria y pidió “discutir el puesto de trabajo”. “No se van a resolver los problemas de la Argentina con economistas que nunca pasaron por una escuela, se van a resolver hablando con las y los docentes”, manifestó.
La titular de CTERA insistió también en que se incluya la “cantidad de niños por aula” y también dejar sentado “qué escuela necesitamos”. “Tiene que haber edificios dignos”, dijo.
Entre otros temas, se refirió a incrementar la inversión en escuelas técnicas y habló del aumento de problemas de salud mental en niños, niñas y jóvenes. “El aumento del suicidio adolescente o de otro tipo de lesiones es muy grave, es un tema para el que necesitamos gabinetes en las escuelas”, advirtió.
En tanto, Víctor Moriñigo, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, consideró que “es una excelente noticia que esté en agenda de este país la posibilidad de recurrir a proyectos para el financiamiento de la educación”.
“Sostener que creemos que la educación es un derecho humano y es una obligación de los Estados”, añadió. Moriñigo celebró los aspectos positivos como “poner en agenda la sala de 3, 4 y 5, los gabinetes psicopedagógicos de cada escuela, el segundo idioma y el fortalecimiento de las escuelas técnicas”, así como “ampliar las jornadas en días y en horas”.
Marcela Browne, secretaria de la Campaña Argentina Derechos a la Educación, reclamó que el proyecto no menciona a “estudiantes en situación domiciliaria y hospitalaria, tampoco menciona a las personas en contexto de privación de libertad y a la educación de jóvenes adultos”. “Es delicado mencionar a algunos y no mencionar a otros”, dijo.
Por otra parte, Esteban Torre, director de Educación del CIPPEC, celebró que el Congreso esté discutiendo un aumento de la inversión educativa y que la discusión “contemple objetivos tan relevantes como acceso a educación de primera infancia, la alfabetización básica, la extensión de la jornada de la primaria y la referencia a aspectos claves de la transformación del nivel secundario”.
Flavio Pinto, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires, consideró que “es la gran oportunidad para que todo el arco político pueda definir consensos de largo plazo que van a respetar todas las gestiones que vendrán por al menos 10 o 15 años”.
Al mismo tiempo, pidió consensos que “no sean discriminatorios de la escuela de gestión privada”. “Las escuelas están mal porque están mal las familias también. No toda escuela de gestión privada es de elite, ese es el gran mensaje que me gustaría dejar instalado”, expresó.
Yamile Socolovsky, directora en Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, manifestó que “es claro que la idea de que la educación es un derecho fundamental ha devenido constitutiva de nuestro sentido de la democracia, un eje fundamental en la construcción de igualdad y justicia social”.
En similar sentido se expresó Francisca Staiti, secretaria General de CONADU HISTORICA. “En el contexto político actual en el que nos encontramos, creemos que estar discutiendo la ley de financiamiento educativo en un sentido de blindaje del derecho a la educación, es muy importante”, justificó.