Para el organismo de contralor, el ingeniero Roberto Lorente, expresidente del IPV, “no hizo más que entorpecer el trámite” y en su accionar “puso todo en una situación anómala fuera de todo cauce procedimental” y además hizo prolongar en forma innecesaria el papeleo de obra púbica.
USHUAIA.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia acusó al ingeniero Roberto Lorente de haber falseado información a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación de la Nación respecto a la licitación para pavimentar calles del sector Chacra XIII (Barrio Malvinas Argentinas). La grave conducta fue dada a conocer a la Gobernadora y a la Legislatura, a los efectos de tomar intervención en el caso. También fueron notificadas las autoridades nacionales.
En resolución plenaria 263/2015, el Tribunal de Cuentas puntualiza que Lorente puso en riesgo toda la operatoria de financiamiento al dar a la Nación información falaz, al afirmar ante las autoridades del Ministerio de Planificación que no había impedimento legal, cuando la realidad indicaba la existencia de la observación realizada por el Tribunal de Cuentas que “evidenciaba una ilegalidad en el procedimiento de contratación”, por lo que “había un impedimento legal para la suscripción del convenio”.
Desde el Tribunal de Cuentas concluyeron que los apartamientos normativos incurridos por el ingeniero Lorente derivaron en la aplicación de una multa agravada por la contumacia (20 por ciento del sueldo) y dada la grave ilegalidad desplegada por parte del funcionario, corresponde poner en conocimiento del análisis efectuado por el TPC a la Legislatura y a la Gobernadora, para que procedan en consecuencia.
En los fundamentos de la resolución, los vocales del organismo de control hicieron responsable a Lorente por la demora en el inicio de la obra de pavimentación en el Barrio Malvinas Argentinas. Así, la resolución indica: El ingeniero Roberto Lorente “no hizo más que entorpecer el trámite” y en su accionar “puso todo el trámite en una situación anómala fuera de todo cauce procedimental” y además hizo prolongar en forma innecesaria el trámite de obra púbica.
Los antecedentes
Mediante resolución plenaria 92/2015 de 17 de abril de 2015, el TCP hizo la observación por haberse modificado el pliego una vez efectuado el llamado a Licitación Pública, notificando de ello únicamente a los adquirentes de aquél (la empresa Proalsa), cuando debía efectuarse un nuevo llamado con esta modificación, a fin de no vulnerar el principio de igualdad y concurrencia.
La modificación realizada fue del tope del 5 por ciento por sobre el Presupuesto Oficial, como causal para desestimar ofertas, lo que fue notificado solamente a los adquirentes del pliego, sin dar chances a que otras empresas pudieran pujar en la licitación..
A pesar de la observación del organismo de control, Lorente decidió continuar con la tramitación de la obra y suscribió el contrato de obra pública con fecha 17 de junio de 2015. Con su accionar el funcionario “incurrió en una violación de los procedimientos vigentes en el ámbito de la Provincia” además de “burlar competencias propias de la Legislatura”, lo que derivó en que no se ratificara la designación de Lorente como presidente del IPV, como pretendía la gobernadora Ríos.
“Todo el dislate procedimental generado en el marco de la contratación se debe a la falta absoluta de diligencia por parte de las autoridades del IPV, en la tramitación de la obra pública en cuestión, dispendio de recursos temporales, materiales y humanos, que se hubiera evitado de cumplirse razonablemente con los procedimientos legales, llevando a cabo la contratación conforme a derecho”, observa el Tribunal de Cuentas.
Para el organismo de contralor, el ingeniero Roberto Lorente “no hizo más que entorpecer el trámite” y en su accionar “puso todo el trámite en una situación anómala fuera de todo cauce procedimental” y además hizo prolongar en forma innecesaria el trámite de obra púbica.