El mundo político judicial dividido

BUENOS AIRES (NA).- El pedido de remoción por “mal desempeño” contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que presentó ayer el Gobierno ante el Consejo de la Magistratura generó fuertes controversias en el arco político y judicial, con voces a favor y en contra.

Se argumenta que Ramos Padilla violó el secreto de sumario de una causa en trámite.


Según difundió el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, el Ejecutivo fundó la solicitud en la “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respeto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”, según Infobae.
El pedido se dio luego de la presentación que realizó Ramos Padilla ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados el miércoles pasado, invitado por el diputado Leopoldo Moreau.
Entre los que apoyan la medida del Gobierno de Mauricio Macri, se argumenta que Ramos Padilla violó el secreto de sumario de una causa en trámite con lo cual “puso en riesgo” la investigación.
Para quienes rechazan el pedido de remoción, el Gobierno busca con esta medida “obstaculizar la investigación”.
“Creo que es lo que corresponde porque violó varias normas que debe respetar el juez, como por ejemplo el Código Procesal Penal que dice que el sumario siempre es secreto para extraños”, explicó el abogado Alejandro Fargosi a Infobae. Y agregó: “Es indiscutible que un juez no tiene que ir a analizar una causa en trámite porque nunca nadie lo había hecho”.
Para Fargosi la presentación de Padilla “es una movida con una intencionalidad política obvia”. “Me impresiona que haya gente que lo discuta. Si hoy citan a Bonadio al Congreso para hablar de la causa que está investigando, ¿lo admitirán los diputados ‘k’?”, finalizó.
Por su parte, la abogada Natalia Volosin calificó el pedido del Gobierno como “una locura”. “No me gusta el circo pero no me parece que de ninguna manera amerite la remoción”, dijo a Infobae.
“Me parece una locura, el tema de ninguna manera amerita una investigación disciplinaria, más allá de que a mí personalmente no me gusta ver a un juez en ese rol, como tampoco me gustan otros jueces que van a los medios a discutir las causas que tramitan y ponen en riesgo la investigación”.
En este sentido, lo calificó como un acto de “gran ignorancia jurídica”. “Me parece que el Ministerio de Justicia no para de pegarse tiros en los pies. Si la sociedad tiene dudas en esta causa esto genera más ruido”, indicó. Por otra parte desestimó que la presentación de Ramos Padilla ponga en riesgo la causa de los cuadernos “que está avanzando muy bien”.
En tanto, Jorge Rizzo, expresidente del Colegio de Abogados, lanzó una fuerte crítica al Gobierno en su cuenta de Twitter: “Es de locos, y demuestra que tienen algo que esconder. Evidentemente el Gobierno está asustado con la investigación. Toda nuestra solidaridad con el juez Alejo Ramos Padilla”.
En diálogo con Infobae, Rizzo consideró que con esta medida el Gobierno “lo único que hace es tratar de impedir la consecución de la investigación y amedrentar a los jueces que quieran investigar la Gobierno”.
“El Gobierno dijo que venía a cambiar las cosas del Gobierno anterior que buscaba colonizar la Justicia y ahora estamos de nuevo ante una medida que demuestra que son los mejores alumnos del kirchnerismo en materia de Justicia”, apuntó.
Además, calificó esta iniciativa como una “torpeza política” del Gobierno que lo que hace es “demostrar su debilidad en materia de Justicia”.
Por su parte, el abogado Guillermo Lipera consideró como “razonable” el pedido del Gobierno.
“Existen dudas objetivas acerca de la imparcialidad de Ramos Padilla en este tema y creo que está adoptando actitudes de fuerte contenido político como aceptar una invitación de (el diputado Leopoldo) Moreau para ir a ventilar elementos de una causa que está en etapa de instrucción y que debe guardarse con estricta reserva”, añadió.
Por último, el abogado especializado en derecho constitucional, Eduardo Barcesat, tildó de “persecutoria” la solicitud de remoción del juez federal impulsada por el Ministerio de Justicia. “Es improcedente que un juez natural como Ramos Padilla, que llegó a su cargo por concurso y que tiene una activa militancia de la tutela de los derechos humanos, se lo pretenda a acallar, silenciar y reprimir”, sostuvo el jurista.