El proyecto apunta a
amortiguar el impacto de las tarifas que deberán actualizarse a
partir de los desfasajes actuales. Prevé que quienes se integren a
un listado -que deberá confeccionar el Gobierno de Tierra el Fuego-
abonen hasta el 50% de los valores plenos. De aprobarse el proyecto,
la tarifa social eléctrica estará vigente entre los meses de mayo y
septiembre.
RIO GRANDE.- El legislador por la Unión Cívica Radical (UCR)-Cambiemos, Pablo Blanco, elaboró un proyecto que espera tome estado parlamentario en breve, con el fin de implementar la tarifa social eléctrica en toda la provincia.
La propuesta -que anticipó su autor deberá ser “ampliamente debatida con todos los sectores sociales, el Gobierno provincial y los municipios”- busca paliar la situación de aquellas personas que, en situación social vulnerable, no pueden hacerle frente a la tarifa del servicio eléctrico.
De hecho, en los fundamentos, el proyecto expresa que “el desfasaje tarifario producto de la reciente devaluación del peso está requiriendo una readecuación que, sin dudas, será muy difícil de afrontar para los sectores más vulnerables de la sociedad fueguina cuando la misma se traslade a la factura”.
“En nuestra provincia los servicios de luz y gas son fundamentales no sólo para el desarrollo de nuestra economía sino, centralmente, para la supervivencia misma frente al extremo rigor climático invernal. Para ayudar a quienes más lo necesitan pretendemos instaurar una tarifa social que venga a amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios que, necesariamente, las propias empresas de energía se verán obligadas a implementar”, aclara.
Asimismo, Pablo Blanco explica en su propuesta que “en términos generales, se entiende por tarifa social el precio diferencial que el usuario residencial, en estado de vulnerabilidad económica, paga en contraprestación por los servicios públicos esenciales de agua, cloacas, energía eléctrica y gas natural”.
A su vez, esclarece que “este subsidio deberá aplicarse específicamente sobre los usuarios de energía eléctrica vulnerables” y recomienda que “deberá ponerse especial énfasis en evitar errores de exclusión y de inclusión, para maximizar la eficiencia en la asignación de los recursos”.
“La tarifa social queda definida en esta iniciativa como el monto que deberán abonar los usuarios beneficiarios del presente régimen por el uso del servicio público de distribución de energía eléctrica; de manera que el usuario abone un monto final igual o inferior al 50% del precio pleno del servicio”, explica.
Para cerrar, también pone énfasis en una cuestión fundamental: “Para atenuar el impacto de futuros aumentos tarifarios a los usuarios de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada, este proyecto prevé que el gasto que demande su aplicación sea incorporado al presupuesto de la Dirección General de Energía mediante readecuación de las partidas de su presupuesto y que, en caso de insuficiencia de las mismas, se faculte al Poder Ejecutivo provincial a aumentar el presupuesto del ente con cargo a rentas generales”.
Los detalles
Según los pormenores de la propuesta impulsada por el parlamentario radical, el beneficiario del régimen de tarifa especial abonará una suma igual o inferior al 50% del precio pleno del servicio eléctrico.
La propuesta alcanzará a jubilados y pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional y empleados en relación de dependencia que reciben una remuneración mensual bruta/neta igual o inferior a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil.
También podrán acceder al beneficio los inscriptos en programas sociales, en el Régimen de Monotributo Social, personas incluidas en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico y beneficiarios del seguro de desempleo.
La iniciativa contempla, además, que la tarifa social contenga a los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur que sean beneficiarios de Pensión Vitalicia; personas discapacitadas que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y toda aquella persona titular del servicio o uno de sus convivientes que posea una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia.
El régimen establecido se aplicará también a toda persona en estado de vulnerabilidad social o que acredite, por cualquier medio de prueba, conforme la normativa vigente, la imposibilidad material de abonar el precio de la tarifa ordinaria del servicio público de electricidad.
La tarifa social eléctrica será puesta en práctica entre los meses de mayo y septiembre de cada año y en el caso de los beneficiarios correspondientes a la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada, el gasto que demande la propuesta será incorporado al presupuesto de la Dirección General de Energía mediante readecuación de las partidas de su presupuesto, y en caso de insuficiencia de las mismas, se facultará al Poder Ejecutivo provincial a aumentar el presupuesto del ente con cargo a rentas generales.
Por último, el proyecto que impulsa Pablo Blanco prevé que, en ejercicios sucesivos, la Dirección Provincial de Energía presupueste partidas suficientes para atender el costo de la tarifa social eléctrica.