Por no estar de acuerdo en la decisión del Poder Ejecutivo de evitar la ratificación de la Legislatura del nuevo convenio con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA, Virgilio Martínez de Sucre se negó a pedir el archivo de la causa ante el Superior Tribunal de Justicia.
USHUAIA.- El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, se excusó de intervenir ante el Superior Tribunal de Justicia para pedir el archivo de la causa que inició la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA (TEQSA), contra el Estado Provincial, en atención al nuevo convenio que se firmó para la construcción y montaje de una central termoeléctrica en Río Grande.
El titular del organismo contralor expuso no estar de acuerdo con lo resuelto por el Poder Ejecutivo, de no dar intervención a la Legislatura de la Provincia para que se expida sobre la ratificación del nuevo acuerdo alcanzado, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo convenio difiere del que se firmara en el año 2010.
Mediante nota FE 158/25, fechada el 11 de julio, el Fiscal señala que “a fin de resguardar la coherencia y responsabilidad del organismo en el asunto, hasta tanto y en la medida que no se proceda conforme lo he solicitado, me veo en la obligación de hacer saber la Gobernador la indeclinable excusación del suscripto y de los restantes agentes de la Fiscalía de Estado en las actuaciones judiciales”,
En su nota, Virgilio Martínez de Sucre señala que la prosecución de las actuaciones ante el Superior Tribunal, para que resuelva la pertinencia de archivar la causa, según lo dispone el decreto 1521/25; “deberá ser asumida por el abogado del Poder Ejecutivo Provincial que usted designe que reúna las condiciones para ser Fiscal Titular”.
En la misiva, Martínez de Sucre señala que “esta Fiscalía de Estado discrepa con los fundamentos por los cuales, en contradicción a lo actuado con anterioridad, el Ejecutivo dejó sin efecto el envío del nuevo entendimiento suscripto con TEQSA al Poder Legislativo, acción que representa una ruptura con el procedimiento previo y una interpretación discordante de la normativa”.
Algunas de las razones expuestas en la nota, señalan:
El Poder Legislativo debería tener la potestad de controlar la creación de un nuevo instrumento de estas características, aprobarlo o no.
Primero, por una cuestión de coherencia. Si a través del Decreto Provincial 2374/10 se remitió el acuerdo original, que fue ratificado por Ley Provincial 828, parece lógico entonces que también se materialice tal intervención en esta ocasión.
Segundo, porque no convence la explicación relativa a la inaplicabilidad al caso del artículo 84 de la Constitución Provincial.
Este nuevo acuerdo excede claramente el marco jurídico contenido en la ley 828 de aprobación del Convenio de Suministro de Gas de Regalías para su industrialización original que se pretende revivir.
El nuevo arreglo contempla como primera etapa la construcción y montaje de una central termoeléctrica de 120 MW, una inversión de 100 millones de dólares que no estaba prevista en el convenio original de 2010.
Además, el pacto original preveía el suministro de gas de regalías en especie por parte de la Provincia. Pero como TEQSA deberá adquirir el fluido necesario en el mercado debido a que el gas de regalías está comprometido como garantía del bono TDF-TFU hasta enero de 2030, Ia Provincia compensará dicho costo a través de «deducciones y/o compensaciones fiscales e impositivas», una modalidad que previsiblemente tendrá un impacto significativo en la capacidad recaudatoria y financiera de la Provincia.